De la redacción
El Buen Tono
Orizaba.- Ante la Visitaduría de la Judicatura del Estado de Veracruz se demandó al Juez II de Primera Instancia del Distrito Judicial de Orizaba, Adalberto López Pozos, por el delito de corrupción.
Se le acusa de facilitar a un particular el despojo de terrenos ejidales a los poseedores, a pesar de que no se han publicado las actuaciones de la ejecución de la sentencia.
Paulino López Anzures, apoderado legal de los ejidatarios Ricardo Florencio Ortega Vásquez y Baldomero Vargas Corona, quienes son originarios de Atzacan, explicó que se dirigió a la Magistrada encargada de supervisar el funcionamiento adecuado de los juzgados en el Distrito Judicial de Orizaba.
Su objetivo era solicitar su intervención para conocer si se había realizado alguna diligencia ordenada por el titular del Juzgado Segundo de Primera Instancia, a cargo de Adalberto López Pozos, en relación con las actuaciones del expediente 781/2018.
“Le solicité porque tengo el desconocimiento de las actuaciones que se realizaron los días 17 y 21 de noviembre del año 2023, relativo a las parcelas que pertenecen al suscrito y mi familiar Sthefany, así como de Ricardo Florencio Ortega Vásquez y Baldomero Vargas Corona, originarios de Atzacan”.
DESPOJO
Expuso que fueron víctimas de despojo con violencia y amenazas por el demandante en ese juicio, quien es Orlando López Olivos. Durante esa fecha, éste se acompañó de un grupo de aproximadamente 20 personas, que llegaron a sus propiedades a bordo de cuatro camionetas de color blanco y tres motocicletas. Además, lo hicieron utilizando maquinaria pesada para derribar una vivienda y destruir todas las construcciones que habían comenzado desde sus cimientos para edificar viviendas.
Estas acciones afectaron una placa autorizada por la Secretaría de Medio Ambiente, la cual cubre, entre otros requisitos, el alineamiento y los números oficiales emitidos por el municipio de Atzacan.
“Estos sujetos sin ningún requerimiento en ejecución de una sentencia que se nos haya notificado por los medios legales que ordena la Ley Procesal Civil en nuestro Estado, se introdujeron a nuestras parcelas (194 Z-1 P1/22) ubicadas en la carretera Orizaba-Atzacan (actualmente propiedad privada) ubicadas en el poblado de Santa Ana Atzacan”.
Señaló el afectado que estas personas se apropiaron de sus inmuebles de forma arbitraria, abandonando sus proyectos de interés social y afectando a más de 50 familias.
“De estos hechos se le informó a la Magistrada que realizó la visita y supervisión de las actuaciones del Juez Segundo de Primera Instancia, quien se opuso interponer la queja ante la Magistrada, porque impuso su autoridad y llamó a los elementos de la Policía Municipal para intimidarnos”.
