AGENCIA
Puebla.- La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) fue acusada por víctimas de un secuestro cometido por elementos de la Guardia Nacional (GN) de presionarlas para aceptar una conciliación unilateral y dar por concluida una queja, pese a la negativa expresa de las familias y a que los hechos siguen siendo investigados en procesos penales federales y estatales.
De acuerdo con Miguel Ángel Barrueta Enciso, integrante de una de las familias afectadas, la CNDH notificó que la queja presentada el 5 de abril de 2024 fue cerrada mediante una supuesta conciliación, aun cuando las víctimas rechazaron en reiteradas ocasiones cualquier mecanismo alterno y nunca firmaron acuerdo alguno. El organismo determinó que la actuación de los elementos de la GN implicó únicamente una responsabilidad administrativa y que no se trató de una violación grave a los derechos humanos, por lo que no emitió recomendación.
Barrueta señaló que la resolución se adoptó con información que considera falsa, ya que la CNDH afirma que las víctimas conocieron y aceptaron los puntos conciliatorios, los cuales, asegura, sólo fueron acordados entre el organismo y la Guardia Nacional. Afirmó que esta actuación revictimiza a las familias y, en los hechos, protege la imagen de la corporación federal.
El caso se remonta al 11 de octubre de 2023, cuando en San Martín Texmelucan, Puebla, dos personas fueron secuestradas por sujetos que se hicieron pasar por integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación. Posteriormente se estableció que uno de los implicados era elemento activo de la Guardia Nacional y otro exmilitar. El plagio se frustró cuando un familiar llegó al sitio, lo que derivó en la detención de los responsables.
Las investigaciones de la Fiscalía General de Puebla revelaron que los secuestradores utilizaron armas oficiales y fueron escoltados por una patrulla de la Guardia Nacional adscrita al Tercer Batallón con sede en Texcoco. El comandante de esa unidad, Obed N., fue detenido en febrero de este año tras permanecer prófugo, mientras que otros cinco elementos fueron exonerados al argumentar que sólo cumplían órdenes.
En noviembre pasado también fue detenido Javier N., presunto integrante de una banda local, señalado por proporcionar información para la selección de víctimas. Dos de los implicados se encuentran en juicio y otro más está vinculado a proceso por el delito de secuestro agravado.
Pese a estos antecedentes, la CNDH concluyó en su resolución, fechada el 16 de octubre de 2025, que los servidores públicos involucrados incurrieron únicamente en faltas administrativas previstas en la Ley General de Responsabilidades Administrativas, al no observar principios de legalidad, disciplina y profesionalismo. El organismo sostuvo que, conforme a su guía interna, el secuestro no se configura como una violación grave a los derechos humanos.
Las familias denunciaron que el visitador adjunto encargado del caso les recomendó la mediación y les sugirió que podrían recibir una reparación económica, incluso advirtiendo que el monto podría ser menor si se llegaba a una recomendación. También señalaron que nunca se abordaron medidas de no repetición, las cuales consideran fundamentales.
A dos años de los hechos, la CNDH apenas solicitó la inscripción de las víctimas en el Registro Nacional de Víctimas, pese a que desde el secuestro han cubierto por cuenta propia gastos médicos, psicológicos y psiquiátricos. Las familias aseguran que han sufrido amenazas, intimidaciones y afectaciones graves a su vida personal, laboral y académica.
Barrueta indicó que presentó un recurso de inconformidad, pero la Segunda Visitaduría General respondió que no procede ningún medio de impugnación contra resoluciones definitivas del organismo. También informó que envió un escrito a la presidenta de la CNDH, Rosario Piedra Ibarra, sin obtener respuesta hasta el momento.
Mientras los procesos penales continúan, las víctimas afirman vivir en un estado de indefensión y desconfianza hacia las instituciones de seguridad y justicia, al considerar que el propio organismo encargado de proteger los derechos humanos minimizó la gravedad de los hechos y cerró el caso sin su consentimiento.
