De la redacción
El Buen Tono
Córdoba.- A pesar de que ya había una denuncia previa presentada hace menos de un mes por un atentado directo contra Radio Banana, la Fiscalía General de la República (FGR) ha permanecido omisa. La noche del domingo (día del segundo atentado) se interpuso una segunda denuncia formal, luego de que continuaran los ataques sistemáticos contra este medio de comunicación, sin que hasta ahora se hayan tomado medidas cautelares ni acciones de protección.
Manuel Molina Gómez, presidente del Centro de Investigación, Difusión e Implementación sobre Asociaciones Civiles (CIDIAC), advirtió que lo ocurrido contra Radio Banana debe investigarse como un atentado directo a la libertad de expresión. “Podemos no estar de acuerdo con una línea editorial, pero eso no justifica la violencia. Lo grave es que, mientras los ataques se incrementan, las instituciones que deberían intervenir se mantienen al margen”, denunció.
Señaló que en este caso no se trata de simples opiniones o críticas, sino de agresiones deliberadas que deben tener consecuencias legales.
“Cuando se violenta a un medio de comunicación que sí está ejerciendo un trabajo serio, debe activarse de inmediato la acción del Estado. La prensa, la radio y la televisión no son enemigos del poder, son pilares de la vida democrática”, apuntó.
El abogado Carlos Fernández Zulueta fue tajante: “Los atentados contra Radio Banana no son producto del debate público. Son respuesta de quienes se sienten incómodos ante el trabajo periodístico. Si atacan, es porque les incomoda lo que se está revelando. No hay otra explicación”.
Por su parte, el analista político Misael Martínez Ramírez reprochó que la CEAPP actúe como aliada de quienes violentan la labor informativa.
“No sólo han sido omisos, sino cómplices. En lugar de defender a los periodistas, encubren a quienes los agreden. Si algo le ocurre a cualquier miembro de Radio Banana, la CEAPP será responsable, porque ha ignorado los reportes y denuncias que ya se le han presentado”, sostuvo.
La inacción de la FGR y la complicidad de la CEAPP legitiman la violencia y censura contra la prensa.
