Sandra González
El Buen Tono
Orizaba.- A dos años de haber sido obligadas a abandonar sus hogares por los daños estructurales provocados durante la ampliación del estacionamiento de ADO, las familias afectadas continúan atrapadas en un limbo legal y humano, ahora agravado por la imposibilidad incluso de que Protección Civil pueda evaluar el riesgo real del inmueble, debido a que la empresa mantiene bloqueado el único acceso.
Este martes, dos elementos de la Coordinación Municipal de Protección Civil acudieron al lugar para realizar una inspección; sin embargo, no pudieron ingresar a la propiedad porque la empresa ADO tiene cerrado el paso con tablas. Detrás de ese acceso improvisado, existe un hoyo de más de metro y medio de profundidad, lo que hace imposible el ingreso seguro a la vivienda, incluso tras el retiro parcial de las maderas.
Mirna Pérez, una de las afectadas, denunció que el área jurídica de la empresa condicionó la apertura del acceso a la firma de un documento, situación que calificó como injusta y abusiva. Señaló que, la obra se realizó sin su consentimiento, excavando debajo de su propiedad y provocando daños irreversibles a la estructura de al menos 5 viviendas.
De acuerdo con versiones del propio personal de la empresa, la excavación supera el metro y medio de profundidad, lo que representa un riesgo permanente. Ante esta situación, Protección Civil únicamente emitió una recomendación para que los afectados “se acerquen a la empresa” y busquen un convenio mínimo que permita realizar un relleno y acceder de manera temporal para recuperar documentación y pertenencias básicas. También a los representantes de la empresa durante este acercamiento les dijo que tenían que permitirles el acceso, de lo contrario estarían cayendo en omisión, por lo que se verían obligados a emitirles un oficio detallando el tema legal.
Las familias reprocharon que el ayuntamiento de Orizaba, bajo Juan Manuel Diez Francos, priorizara la obra y la imagen urbana sobre la seguridad y derechos de quienes habitaron esas casas por más de medio siglo.
Actualmente existe un proceso penal, pero los afectados permanecen fuera de sus viviendas sin indemnización, reparación del daño ni garantías de justicia. “Mi familia estuvo a punto de quedar sepultada; esa excavación dañó por completo la estructura”, concluyó.
