Sandra González
El Buen Tono
Orizaba.- Cinco familias fueron prácticamente despojadas de su vivienda ante la permisividad del Ayuntamiento de Orizaba durante la administración de Juan Manuel Diez Francos y la actuación irresponsable de una empresa constructora vinculada a la ampliación del estacionamiento de la línea ADO, una obra que avanzó sin que se garantizara la seguridad estructural de los inmuebles colindantes ni la protección de sus habitantes.
A pesar de los daños evidentes y del riesgo latente, el departamento de Obras Públicas y la llamada Ventanilla Única permitieron que la empresa continuará trabajando sin freno alguno. Protección Civil, por su parte, brilló por su ausencia, aun cuando la propiedad afectada presentaba hundimientos, socavones, separación de muros, grietas de gran longitud y movimientos constantes debido a la falta de una cimentación estable, al grado de que los vidrios de las ventanas comenzaron a romperse por el desplazamiento de la estructura.
Las familias afectadas se vieron obligadas a desalojar el inmueble desde el 30 de enero de 2024, sin recibir respaldo, acompañamiento institucional ni apoyo alguno para reubicarse durante estos dos años de incertidumbre. En la vivienda quedaron muebles, electrodomésticos y documentación importante, atrapados en un espacio al que ya no pueden acceder.
El despojo se concretó cuando la empresa, al finalizar la obra, bloqueó el único acceso a la vivienda, dejando a los propietarios sin posibilidad de ingresar y consumando la pérdida total de su patrimonio sin indemnización. Este caso se agrava con incidentes previos, como el colapso de una barda y daños estructurales en viviendas vecinas a inicios de 2024 —atribuidos a la misma obra— que tampoco han sido reparados. Mientras la constructora culminó su proyecto sin obstáculos, las familias afectadas permanecen abandonadas, con sus hogares en riesgo inminente y sin que autoridades o los responsables asuman las consecuencias de los daños.
