**Paso constante del tren , inseguridad en la zona y retrasos en audiencias pondrían en riesgo el acceso a la justicia, alertan jueces y abogados.
De la Redacción | El Buen Tono
La propuesta de reubicar el Juzgado Penal de Tierra Blanca a un inmueble ubicado en la calle 4 de Agosto de esta municipio, mantiene a abogados, jueces y operadores del sistema judicial en un estado de alerta, aseguran que el cambio podría generar un caos en la impartición de justicia, afectar el cumplimiento de audiencias y poner en riesgo a usuarios y personal.
El juez Obed Medina Cruz, actual titular del juzgado en Tierra Blanca, señaló que la ubicación planteada no es viable, debido a la constante obstrucción que provoca el paso del tren por la zona, lo que impide garantizar el acceso oportuno al inmueble.
“La locación en la calle 4 de Agosto no es viable por la obstrucción del tren en las vías; no hay posibilidad de garantizar el paso a la zona y poder cumplir con los horarios de audiencias, entre otras desventajas”, expresó el juez.
A esta advertencia se suma la opinión del abogado y doctor en Derecho Miguel Ángel Cortés Mauleón, quien explicó que el tránsito irregular del tren —sin horarios definidos y con paradas prolongadas— puede impedir que las partes lleguen a tiempo a las diligencias judiciales.
Detalló que un retraso ajeno a la voluntad de los ciudadanos puede tener consecuencias graves, ya que si una persona no comparece a una audiencia por causas externas, el juzgado puede certificar su inasistencia, provocando la pérdida del derecho a ofrecer pruebas e incluso la derrota en un juicio.
Además del impacto procesal, abogados y vecinos han expresado preocupación por la seguridad en la zona, ya que por ese punto ferroviario transitan con frecuencia trenes con personas migrantes. De acuerdo con reportes ciudadanos, algunos de ellos permanecen en el área solicitando dinero, y se han denunciado robos constantes, lo que incrementa el riesgo para quienes tendrían que acudir diariamente al juzgado.
Este panorama resulta aún más delicado si se considera la sobrecarga de trabajo que enfrentan actualmente los juzgados de Tierra Blanca. Litigantes señalaron que tanto el Juzgado Civil como el Penal atienden más asuntos que otros distritos judiciales, pese a operar en instalaciones reducidas, saturadas y sin condiciones adecuadas para el desarrollo simultáneo de audiencias.
Cabe recordar que desde 2017 fue aprobada la construcción de una Ciudad Judicial en Tierra Blanca, como parte de un proyecto estatal que contemplaba 17 complejos en Veracruz, con una asignación de 77 millones de pesos para este municipio; sin embargo, la obra nunca se concretó.
En días recientes, un grupo de abogados y jueces sostuvo un primer acercamiento con autoridades municipales para buscar alternativas de reubicación o ampliación, ante la evidente insuficiencia del inmueble actual. No obstante, recalcaron que mover un juzgado a una zona mal comunicada y con problemas de inseguridad agravaría la crisis, en lugar de resolverla.
Por lo anterior advirtieron que insistir en una reubicación sin criterios de accesibilidad, seguridad y funcionalidad equivaldría a colocar la justicia en una zona de bloqueo permanente, donde el paso del tren, la inseguridad y la falta de planeación terminarían pagando los ciudadanos. Señalaron que mover un juzgado no puede convertirse en un acto administrativo improvisado, porque cada audiencia perdida por retrasos ajenos a la gente se traduce en derechos vulnerados y en un sistema judicial aún más rebasado y lejano para la población.
Cabe destacar que el licenciado Miguel Ángel Cortés Mauleón fue uno de los abogados que durante años presionó y movilizó al Poder Judicial para que los juzgados se establecieran en Tierra Blanca, evitando que la ciudadanía tuviera que desplazarse a otros distritos para acceder a la justicia. Hoy, advirtió, resulta paradójico y regresivo que esos mismos juzgados que costó décadas conseguir se pretendan reubicar en una zona donde su operación quedaría subordinada al paso del tren y a sus tiempos impredecibles, dejando nuevamente la impartición de justicia sujeta al azar, al bloqueo ferroviario y a decisiones administrativas sin planeación.
