De la redacción
El Buen Tono
CÓRDOBA.- El cierre prolongado de la Aeropista es consecuencia directa de una guerra de intereses entre grupos empresariales y políticos, ante la complacencia del gobierno municipal, que ha optado por la omisión antes que por el cumplimiento de la ley. La infraestructura permanece inutilizada no por causas técnicas, sino por venganzas personales y acuerdos de cúpula que han encontrado eco en una administración sin voluntad ni autonomía.
El conflicto tiene nombre y origen: Tomás López Landero mantiene un pleito abierto tanto con el grupo empresarial de los Chahin como con Juan Manuel Diez Francos, a quien sectores políticos y empresariales califican como déspota y grosero en su trato, pero que hoy también es blanco de una disputa que ha escalado hasta frenar un proyecto estratégico para la región. En este choque de egos y negocios, la Aeropista se ha convertido en rehén.
Mientras los Chahin y López Landero sostienen una relación marcada por intereses cruzados —venta de chatarra, y competencia directa—, la autoridad municipal ha permitido que esa confrontación defina decisiones públicas. El gobierno local no ha realizado gestión alguna para reactivar la pista, evidenciando que la política pública está supeditada a pleitos privados y no al interés colectivo.
La subordinación del alcalde a López Landero, así como a Luis Abella Alvarado y Manuel Alonso Cerezo, es señalada como el principal obstáculo. Este grupo, que habría financiado la campaña electoral, hoy opera como poder real, imponiendo bloqueos y castigando a adversarios mediante el control de decisiones institucionales, dejando en claro que el triunfo electoral se tradujo en una factura política que sigue cobrándose.
Ante la parálisis deliberada, ya el propietario de unas aeronaves, que tienen base ahí en la aeropista, ya empezó los trámites para obligarlos a aperturar la pista por medio de un amparo, porque solamente así entiende una autoridad corrupta e irresponsable.
El recurso exhibe lo que muchos ya denuncian: el cierre no responde a la ley ni al desarrollo, sino a un pleito de poder sostenido por un gobierno local sometido, incapaz de gobernar y dispuesto a sacrificar a la ciudad para proteger intereses ajenos.
