AGENCIA
Nacional.- En México operan agencias de seguridad extranjeras de al menos 14 países, de acuerdo con información de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), cuyos agentes realizan labores con conocimiento y control del gobierno mexicano, en coordinación con dependencias del gabinete de seguridad.
A través de una solicitud de información, El Universal pidió a la Cancillería y al Ejército mexicano detalles sobre el número de agentes extranjeros acreditados en el país y los países a los que pertenecen. La SRE respondió que dichos datos se encuentran clasificados como información reservada por un periodo de cinco años, al considerar que su difusión podría poner en riesgo la operación de los agentes y afectar las relaciones diplomáticas con sus naciones de origen.
“La entrega de lo requerido implicaría ventilar información sensible relacionada con los recursos humanos que tienen permitida su interacción en nuestro país, mermando la convivencia armónica entre los sujetos internacionales y menoscabando la eficacia de los instrumentos jurídicos suscritos en materia de seguridad e inteligencia en la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico”, justificó la dependencia.
No obstante, la Cancillería reconoció que Alemania, Australia, Chile, Colombia, Corea del Sur, Ecuador, El Salvador, Francia, Israel, Italia, Perú, República Dominicana, China y Estados Unidos cuentan con agentes de distintas agencias acreditados en territorio nacional.
En el caso de Estados Unidos, se informó que operan representantes de al menos 13 dependencias federales. Del Departamento del Tesoro únicamente se encuentran acreditados agentes de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC). Por parte del Departamento de Justicia, participan elementos de la Administración para el Control de Drogas (DEA), la Agregaduría Legal del Buró Federal de Investigaciones (FBI), la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF), el Servicio de Alguaciles de Estados Unidos (USMS), la Oficina de Asuntos Internacionales del Departamento de Justicia y la Oficina de Desarrollo, Asistencia y Entrenamiento Judicial Internacional (OPDAT).
Asimismo, el Departamento de Seguridad Interna cuenta con agentes acreditados de la Agregaduría del propio departamento, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), el Servicio Secreto y la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA).
El tema cobró relevancia luego de que el pasado 8 de diciembre el diario The New York Times publicara un reportaje en el que fuentes del gobierno estadounidense afirmaron que, durante la administración del expresidente Andrés Manuel López Obrador, autoridades mexicanas recibieron en reiteradas ocasiones listas con nombres de presuntos agentes o espías rusos que realizaban labores de inteligencia en México.
Para la internacionalista Pía Taracena, docente e investigadora de la Universidad Iberoamericana, la diferencia entre agentes y espías no radica necesariamente en su acreditación legal, sino en la forma en que obtienen la información y si existe o no intercambio institucional con el gobierno mexicano. Explicó que un espía es alguien infiltrado y pagado para obtener información de manera encubierta, mientras que muchos de los agentes acreditados son burócratas que procesan información oficial para la toma de decisiones en sus países.
Taracena subrayó que, conforme a la Ley de Seguridad Nacional, los agentes extranjeros deben registrarse ante la SRE, la cual, en coordinación con las secretarías de Seguridad y Protección Ciudadana, Defensa Nacional y Marina, autoriza su ingreso y define su ámbito territorial, bajo el principio de reciprocidad bilateral.
En contraste, la Cancillería mexicana aseguró no tener registrados agentes acreditados de Rusia. Sin embargo, The New York Times citó declaraciones de Juan González, exdirector para Asuntos del Hemisferio Occidental del Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos, quien afirmó que su gobierno entregó a México nombres de al menos 20 presuntos espías rusos que operaban bajo cobertura diplomática en la Ciudad de México.
El tema abre un nuevo debate sobre los alcances de la cooperación internacional en materia de seguridad, los límites de la soberanía nacional y la delgada línea entre la colaboración institucional y las actividades de espionaje en territorio mexicano.
Lo peor NO es que operen oficialmente, lo malo está en que hay algunos que operan sin que se sepa y los que operan con permiso, NO se sabe bien a bien qué hacen ni cómo lo hacen.
El gobierno lo ha permitido y lo sigue apoyando, ahora con la autorización del mal gobierno de México se han instalado con todo el apoyo del gobierno en contra del pueblo en general.
