Agustín Caso Raphael, el auditor especial que tuvo a su cargo la fiscalización sobre la cancelación del aeropuerto de Texcoco, aseguró que en los resultados de esa revisión nunca habló de corrupción ni quiso lastimar la investidura presidencial.
Rechazó haber recibido presiones externas o internas y advirtió que la conclusión del pago de los pasivos por la obra cancelada podría durar hasta 26 años más.
“No existió dolo o motivación política en el equipo auditor. De ninguna manera entraña un ataque a la investidura presidencial ni a un gobierno que fue legítima y democráticamente electo”, dijo como parte de las mesas de trabajo que la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados tendrá cada martes para analizar la Cuenta Pública 2019.
