DE LA REDACCIÓN
EL BUEN TONO
ORIZABA.- La Colectiva Marea Verde Altas Montañas alertó sobre el grave impacto social y en materia de derechos humanos que representa el nombramiento de Alfredo Álvarez Valenzuela como titular de la Policía Municipal de Orizaba, al considerar que la decisión profundiza la desconfianza ciudadana y normaliza prácticas institucionales que ignoran a las víctimas de violencia.
A través de un comunicado, la organización señaló que el actual director policial cuenta con antecedentes por delitos graves cometidos durante su trayectoria en corporaciones de seguridad, entre ellos desaparición forzada, acoso sexual, tortura, lesiones y abuso de autoridad, hechos que generan una preocupación fundada sobre su idoneidad para encabezar una institución encargada de la protección ciudadana.
La colectiva subrayó que, aunque el alcalde Hugo Chahín Kuri aseguró públicamente que el funcionario fue absuelto, hasta el momento no existe documentación oficial disponible que respalde dicha resolución judicial. Esta ausencia de información verificable, advirtieron, incrementa la incertidumbre social y coloca a la ciudadanía ante un acto de fe institucional frente a señalamientos de extrema gravedad.
Marea Verde Altas Montañas enmarcó esta designación dentro de un patrón recurrente en la administración municipal, recordando que en gestiones anteriores se nombraron mandos policiales con antecedentes similares relacionados con desaparición forzada, situaciones que ya habían sido denunciadas por organizaciones feministas y de derechos humanos. La reiteración de estas decisiones, afirmaron, refleja una preocupante normalización de la violencia institucional en Orizaba.
El impacto de este nombramiento, indicaron, no es abstracto: deteriora las condiciones reales y la percepción de seguridad pública, especialmente para niñas, adolescentes y mujeres, quienes enfrentan violencias estructurales cotidianas. Colocar a una persona con este historial envía un mensaje claro de que la vida, la dignidad y la seguridad de las mujeres no ocupan un lugar prioritario.
La colectiva recordó que la Constitución y la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública establecen criterios obligatorios de honorabilidad, confiabilidad y respeto irrestricto a los derechos humanos para los mandos policiales, la designación contradice el marco legal y proyecta un mensaje de impunidad y retroceso en las obligaciones básicas del Estado.
