AGENCIA
Úrsulo Galván, Ver.- La desaparición del empresario Héctor Ramos y de su escolta Ignacio López dio un nuevo giro luego de que la Fiscalía General del Estado (FGE) solicitara al Congreso de Veracruz el desafuero del alcalde de Úrsulo Galván, Bertín Bravo, al considerarlo probable responsable del delito de desaparición forzada cometida por particulares.
De acuerdo con las investigaciones, los hechos ocurrieron el 14 de mayo, cuando Héctor Ramos, de 42 años, salió de su domicilio en el municipio de Emiliano Zapata acompañado de su escolta, Ignacio López, de 47 años. Ambos viajaban en una camioneta Chevrolet Cheyenne gris con destino a un inmueble ubicado en Barra de Chachalacas, donde presuntamente habían sido citados por el edil, militante de Movimiento Ciudadano.
Según la carpeta de investigación, cámaras de videovigilancia registraron el ingreso de ambos al inmueble, mientras que análisis de telefonía ubican los teléfonos celulares de las dos víctimas y del alcalde en el mismo sitio durante aproximadamente tres horas. Hasta el momento, no existe evidencia de que los dos hombres hayan salido del lugar.
Antes de perder contacto, Héctor Ramos envió un mensaje a su pareja en el que escribió: “Sigo en casa de Bertín. Vino el jefe de la zona. Me lo presentó y ya casi voy, amor”. Ese fue el último rastro conocido de las víctimas.
Las investigaciones también señalan que el empresario tenía prevista una reunión esa misma tarde con un trabajador de una empresa minera para compartir información relevante; sin embargo, nunca llegó al encuentro.
De acuerdo con los datos integrados en la solicitud de desafuero, días después de la desaparición la familia del empresario habría recibido una llamada del alcalde para solicitar la factura de la camioneta en la que viajaban las víctimas. Posteriormente, cuando la Fiscalía requirió información al Ayuntamiento, la administración municipal respondió que desconocía el paradero de Héctor Ramos e Ignacio López.
La FGE sostiene que videograbaciones, registros de telefonía, testimonios y diversas inconsistencias detectadas durante la investigación constituyen indicios suficientes para solicitar el retiro de la inmunidad procesal del alcalde y continuar con las indagatorias.
El Congreso del Estado deberá analizar la petición de desafuero. En ese procedimiento, Bertín Bravo tendrá derecho a presentar las pruebas que considere pertinentes antes de que los legisladores determinen si procede retirarle el fuero para que enfrente el proceso penal correspondiente.
Hasta el momento, el alcalde mantiene la presunción de inocencia, mientras las investigaciones continúan para esclarecer el paradero de Héctor Ramos e Ignacio López y determinar las responsabilidades que correspondan.
Para empezar los políticos en México ya no deberían de tener fuero. México necesita una reforma política: ‘El que nada debe, nada teme’.
No hablen de partidos políticos, en ese sentido es el mismo panorama para el color que vean, lo triste es la podredumbre en la política en los tres niveles de gobierno, ¡que esperanza tenemos como ciudadanos de vivir en paz!
