De la Redacción
El Buen Tono
Atzacan.- El munícipe Israel Solano Jiménez no detuvo el espectáculo en flagrancia pese a que el contrato prohibía el sacrificio. Críticos señalan que su denuncia tardía es un acto para evadir responsabilidades.
Lo que debió ser un espectáculo taurino regulado terminó en un escándalo de corrupción administrativa y muerte animal. La empresa Servicios Taurinos Ortega Almanza Hermanos, encabezada por Rubén Ortega Blancas, violó el contrato firmado con el Ayuntamiento de Atzacan al permitir que un toro fuera sacrificado durante la lidia del domingo 26 de abril, en plena feria patronal.
Sin embargo, la indignación ciudadana no solo apunta hacia el torero y los organizadores. El reflector se ha volteado hacia el presidente municipal, Israel Raymundo Solano Jiménez, a quien acusan de negligencia flagrante por no haber suspendido el evento en el momento exacto en que se violaron las cláusulas del acuerdo, mismas que presuntamente prohibían de manera explícita la muerte del animal.
“Pudo detenerlo
y no lo hizo”
De acuerdo con testigos y asistentes, el torero continuó con la faena hasta provocar la muerte del ejemplar frente a una multitud que, lejos de exigir el cese, respaldó la continuación del espectáculo. Pese a que el contrato municipal establecía condiciones claras, el edil Solano Jiménez y sus funcionarios de supervisión no actuaron en flagrancia.
“El alcalde tenía la facultad y la obligación de parar el evento en el momento en que se violó el contrato. No lo hizo. Ahora, para lavar su imagen, va a la Fiscalía a denunciar, queriendo simular que él no tuvo responsabilidad. Pero eso no le quita su negligencia”, señaló un habitante de Atzacan que pidió mantener su identidad en reserva.
Denuncia tardía: “Un acto de simulación”. Ante la presión ciudadana y las evidencias, el Ayuntamiento de Atzacan acudió ante la Fiscalía General del Estado a presentar una denuncia contra la empresa organizadora y el torero involucrado. Sin embargo, colectivos de defensa animal y activistas políticos calificaron este movimiento como una simulación y un intento desesperado del alcalde por deslindar responsabilidades legales.
