Laura A. García
El Buen Tono
Amatlán.- Unos 8 millones de pesos gasto el ayuntamiento que encabeza la morenista, Guillermina Méndez López, en la adquisición del predio donde actualmente se encuentran las instalaciones del DIF, que con anterioridad dijo que estaban en comodato; aunque el organismo tenía ya un espacio que donó la población.
De tal manera que existe una discrepancia entre la versión oficial del ayuntamiento y la información asentada en los sistemas de fiscalización estatal, lo que provocó cuestionamientos sobre la transparencia del manejo de los recursos públicos durante los primeros tres meses de la administración municipal.
Desmentido
Según datos publicados en la plataforma del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz (Orfis), el gobierno local compró un terreno para albergar las nuevas instalaciones del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), una operación contable que contrasta con lo dicho previamente a los ciudadanos.
El Sistema de Consulta de Obras y Acciones Municipales de Veracruz (Simver), administrado por el Orfis, detalló que el ayuntamiento de Amatlán de los Reyes registró la obra con el número 2026300140211.
Dicha acción, inscrita dentro del programa de fiscalización, describe la adquisición del terreno donde actualmente opera el organismo asistencial.
El monto total autorizado y que se registró para esta operación asciende a 8 millones de pesos, un recurso público etiquetado para la adquisición del espacio.
Cabe hacer notar que el ente fiscalizador actúa como verificador y pone a disposición la información.
Aclaró que la veracidad y el registro de los datos son responsabilidad exclusiva de las autoridades municipales que los cargan al sistema.
Versiones
La controversia surge al contrastar los datos con lo que expresaron las autoridades municipales a la población sobre el inmueble..
Durante el proceso de apertura y socialización del proyecto, la alcaldesa, Guillermina Méndez López, de extracción morenista, informó a los pobladores que el predio donde se establecería el DIF sería otorgado bajo la figura de comodato.
Según esa versión difundida inicialmente, el municipio no erogaría un pago por la propiedad, sino únicamente una contraprestación menor o un mantenimiento, sin que existiera una transacción de compra-venta de por medio.
La percepción ciudadana, refleja la contradicción entre un supuesto comodato y el desembolso de ocho millones de pesos.
Comentarios como “para qué pagar si el terreno es de ella” circulan entre la población, lo que evidencia la desconfianza y la exigencia de una explicación clara sobre la naturaleza jurídica y financiera de la adquisición.
