De la Redacción
El Buen Tono
Rafael Delgado.- El cierre de la administración que encabeza Alejandra Enríquez Ortiz se ve empañado por acusaciones sobre irregularidades en el manejo de recursos públicos, luego de que se diera a conocer que su esposo, Anselmo García, cobró un aguinaldo de 120 mil pesos, pese a carecer de derecho legal para percibir salario ni prestaciones por su participación en el DIF Municipal.
De acuerdo con la normatividad vigente, los cargos honorarios dentro de los sistemas asistenciales locales no contemplan el pago de sueldos, compensaciones ni prestaciones económicas, incluido el aguinaldo.
Pero, Anselmo García recibió recursos durante el trienio y, al cierre de la administración, un pago adicional que contravendría lo establecido por la ley.
La situación se agravó al trascender que la presidenta municipal se autorizó un aguinaldo de 180 mil pesos, lo que en conjunto representaría un desembolso cercano a los 300 mil pesos para el matrimonio, en un contexto en el que el municipio enfrenta rezagos en servicios y atención a diversas necesidades sociales que se registran.
Estos pagos fueron avalados por la síndica, Norma Reyes, quien, según la información disponible, en ningún momento objetó la legalidad de los ingresos ni de las prestaciones otorgadas, pese a su responsabilidad dentro del Cabildo de vigilar el correcto ejercicio de los recursos públicos.
Habitantes del municipio expresaron su inconformidad ante lo que consideraron un uso discrecional del erario del municipio.
Manifestaron que mientras persisten carencias en distintas comunidades, la administración saliente deja cuestionamientos sobre faltas administrativas y el destino de los fondos locales.
El caso de corrupción podría ser sujeto de revisión del Órgano de Fiscalización Superior del Estado (Orfis) y otras instancias competentes, a fin de determinar si existieron irregularidades y, en su caso, deslindar responsabilidades conforme lo estipula ley en el ramo.
