EL BUEN TONO
AQUILA, VER.— Pese al discurso público de defensa del medio ambiente y del bienestar animal que promueve el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), en el municipio de Aquila se autorizó la realización de una pelea de gallos durante las festividades de La Candelaria, un hecho que ha generado fuertes críticas por tratarse de una práctica considerada maltrato animal por organizaciones civiles y especialistas.
La autorización fue concedida por la presidenta municipal, María Petra Alonso Vázquez, emanada del PVEM, lo que ha sido señalado como una contradicción directa entre la ideología del partido y las acciones de su administración, al permitir espectáculos que implican violencia, sufrimiento y muerte de animales con fines recreativos.
El caso adquiere mayor relevancia al darse en un contexto legal adverso para este tipo de prácticas. Recientemente, el Congreso del Estado de Veracruz aprobó reformas que reconocen a los animales como seres sintientes, obligando a las autoridades municipales a prevenir, sancionar y evitar actos que impliquen crueldad o violencia, independientemente de que se presenten bajo el argumento de usos y costumbres o tradiciones locales.
Este hecho no es aislado. En la región centro del estado se han registrado diversos episodios de violencia contra animales en eventos públicos. Apenas en días recientes, en Ixhuatlancillo, se documentó la muerte de varios toros durante una corrida autorizada por autoridades municipales, situación que también provocó indignación social y llamados a sancionar a los responsables.
Desde un enfoque legal, especialistas advierten que autorizar o permitir peleas de gallos podría constituir una responsabilidad administrativa e incluso penal, al tratarse de un acto en el que se consiente el maltrato animal, lo que coloca a las autoridades municipales bajo el escrutinio de instancias estatales y de procuración de justicia.
Habitantes de Aquila y colectivos animalistas han comenzado a exigir la intervención de autoridades estatales, así como un pronunciamiento público de la diputada local del PVEM, Tania María Cruz Mejía, para que se deslinden responsabilidades y se establezca una postura clara frente a estos hechos.
La creciente repetición de estos eventos en municipios gobernados por distintos partidos ha encendido las alertas sobre la falta de aplicación de la ley y la normalización de la violencia contra los animales en actos oficiales.
La polémica deja al descubierto una interrogante que cobra fuerza entre la ciudadanía:
¿La protección animal es un compromiso real de gobierno o únicamente un discurso utilizado en campañas electorales?
