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AGENCIA

Ciudad de México.- Alejandro Moreno Cárdenas, dirigente nacional del PRI, informó que presentó una denuncia ante el Departamento de Estado de Estados Unidos contra tres consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE), luego de que el organismo electoral emitiera medidas cautelares que le impiden utilizar expresiones como “narcopartido” para referirse a Morena.

El dirigente priista señaló que la resolución representa una afectación a su derecho a la libertad de expresión. La denuncia fue dirigida contra los consejeros Arturo Castillo Loza, Rita Bell López Vences y Frida Denisse Gómez Puga.

El conflicto comenzó después de una queja presentada por Morena ante la Comisión de Quejas y Denuncias del INE, que aprobó por unanimidad medidas cautelares relacionadas con publicaciones difundidas desde las redes sociales de Moreno y del PRI.

Entre las expresiones señaladas se encuentran “narcogobierno”, “narcopropagandista”, “narcopolíticos”, “narcodictadura”, “Cártel de Morena” y “narcopartido”. El INE consideró que estas afirmaciones podrían implicar la atribución de hechos o delitos falsos al relacionar a Morena con actividades vinculadas al narcotráfico sin elementos acreditados que sustentaran dichas acusaciones.

Moreno sostiene que la determinación constituye una restricción a la libertad de expresión de la oposición. En el documento presentado ante autoridades estadounidenses solicitó que se revisara la actuación de los tres consejeros bajo la Global Magnitsky Human Rights Accountability Act, legislación que contempla sanciones contra personas vinculadas con determinadas violaciones graves a los derechos humanos o actos de corrupción.

El dirigente también anunció que su partido impugnó la resolución ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), por lo que el conflicto continúa por la vía electoral en México.

Además, Moreno adelantó que buscará llevar el caso ante organismos internacionales como la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la Organización de los Estados Americanos (OEA) y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH).

La denuncia ante autoridades estadounidenses constituye así una nueva vía de presión emprendida por el dirigente priista, mientras permanece pendiente la resolución de las instancias electorales mexicanas sobre las medidas impuestas por el INE.

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