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AGENCIA

Ciudad de México.– Estados Unidos ha enviado este año a Guatemala a 2 mil 284 mexicanos deportados, quienes posteriormente son trasladados a territorio mexicano, un cambio significativo respecto al inicio del segundo mandato del presidente Donald Trump, cuando este tipo de operaciones eran poco frecuentes.

El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, confirmó que los mexicanos llegan al país centroamericano en calidad de tránsito y son devueltos a México en coordinación con las autoridades migratorias de ambos países. Aclaró que estas personas no permanecen en Guatemala bajo ninguna figura de refugio o asilo.

De acuerdo con el mandatario guatemalteco, los deportados son trasladados a México en menos de 24 horas después de su llegada. Los costos de estas operaciones son cubiertos por el gobierno mexicano o, en algunos casos, mediante financiamiento estadounidense.

El Instituto Nacional de Migración (INM) confirmó que desde abril comenzaron a registrarse con mayor frecuencia deportaciones de mexicanos hacia Guatemala y Honduras, para posteriormente trasladarlos por vía terrestre hacia el sur de México.

Este mecanismo representa un cambio en el patrón habitual de deportaciones, pues históricamente los mexicanos expulsados de Estados Unidos eran enviados directamente a México por vía aérea o terrestre.

Honduras también ha comenzado a recibir mexicanos deportados. De acuerdo con documentos oficiales, 82 mexicanos llegaron a San Pedro Sula en dos vuelos realizados el 13 y 15 de agosto, mientras que estaba previsto el arribo de otros 35.

Además, entre mayo y mediados de julio, otros 165 mexicanos habrían sido trasladados a Honduras, según organizaciones civiles que monitorean las deportaciones estadounidenses a terceros países.

Organizaciones defensoras de migrantes cuestionan esta nueva práctica y advierten que podría utilizarse como mecanismo de presión hacia México, además de generar riesgos para las personas deportadas.

Savitri Arvey, de Human Rights First, consideró que el cambio podría estar relacionado con el interés del gobierno estadounidense de impedir que los mexicanos deportados regresen nuevamente a su territorio.

La estrategia se produce en un contexto de crecientes tensiones entre México y Estados Unidos en materia migratoria y de seguridad. El gobierno mexicano también ha reclamado a Washington por la muerte de 17 mexicanos durante operativos o bajo custodia de autoridades migratorias estadounidenses.

Durante el primer mandato de Trump, México ya había recibido deportados de terceros países, aunque la magnitud de esas operaciones fue mucho menor. En 2025, México recibió alrededor de 12 mil extranjeros deportados desde Estados Unidos, principalmente ciudadanos de Cuba y Venezuela.

Las cifras muestran el cambio reciente. Guatemala reportó que durante todo 2025 recibió únicamente a 15 mexicanos deportados, mientras que Honduras había registrado seis hasta febrero de este año y Costa Rica contabilizó 11 desde el regreso de Trump a la Casa Blanca.

Abogados y organizaciones migratorias han expresado preocupación porque las deportaciones hacia terceros países podrían convertirse en una vía para presionar a migrantes y solicitantes de asilo a regresar a sus lugares de origen, incluso cuando existan circunstancias que pudieran ponerlos en riesgo.

El nuevo esquema plantea además interrogantes sobre los acuerdos entre Washington, México y los países utilizados como puntos de tránsito, particularmente respecto a las condiciones en que son trasladados los mexicanos y las garantías que reciben durante el proceso.

Mientras el gobierno estadounidense amplía sus acuerdos migratorios con países de América Latina y otras regiones, México enfrenta un escenario en el que sus propios ciudadanos ya no necesariamente son enviados directamente al país, sino que pueden pasar primero por terceros territorios antes de ser retornados.

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