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Allanamiento a casa de Dina quiebra la constitucionalidad: Gobierno de Perú

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AGENCIA

Perú.- El ministro de Justicia y Derechos Humanos de Perú, Eduardo Arana, junto al presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, ha expresado su preocupación y condena ante el allanamiento del domicilio de la presidenta, Dina Boluarte, y del Palacio de Gobierno como parte de una investigación fiscal preliminar. Este acto ha suscitado un fuerte debate sobre el respeto a la institucionalidad democrática y constitucional del país.

Arana enfatizó que el allanamiento, que involucró a más de 20 policías y 20 fiscales, fue una medida desproporcionada, inconstitucional e ilegal, que refleja un resquebrajamiento del sistema democrático y de la constitucionalidad. Señaló además un presunto uso indebido de la Justicia por parte del Poder Judicial y la Fiscalía.

El operativo, que se extendió por varias horas durante la noche del viernes y la madrugada del sábado, fue parte de una investigación preliminar por presunto enriquecimiento ilícito contra la mandataria. Según Arana, estas acciones generan un grave ruido político que afecta a las inversiones y al país en su conjunto.

Por su parte, Adrianzén también calificó el allanamiento como inconstitucional y desproporcionado, y desmintió cualquier posibilidad de renuncia por parte de la presidenta. Afirmó que Boluarte colaborará con la investigación y expresó la solidaridad del gabinete con la mandataria, rechazando enérgicamente las acciones desestabilizadoras y la politización de la justicia.

Finalmente, hicieron un llamado a las fuerzas políticas y sociales a vigilar el orden constitucional y aseguraron que el gobierno continuará trabajando por la reactivación económica y la seguridad del país.

El allanamiento del domicilio de Boluarte, llevado a cabo por fiscales y agentes de la Policía Nacional del Perú, se centró en la búsqueda de relojes de lujo que la presidenta habría utilizado en actividades públicas y que supuestamente no habría declarado como parte de su patrimonio.

El debate sobre el respeto a las instituciones y la independencia judicial continúa en Perú en medio de este incidente.

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