De la Redacción
El Buen Tono
Córdoba.- La elección en Córdoba está contaminada desde sus cimientos. Manuel Alonso Cerezo, el lavador del crimen organizado, líder del cártel inmobiliario y candidato impugnado de Morena y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), no sólo carga con un historial de violencia, despojos y lavado de dinero, ahora también enfrenta tres denuncias formales ante el Instituto Nacional Electoral (INE) y el Organismo Público Local Electoral (OPLE) que costarán la elección y mucho más.
Los expedientes INE/Q-COF-UTF/169/2025/VER e INE/Q-UTF/219/2025/VER revelan una campaña financiada con recursos de procedencia incierta, posiblemente ilícita, en la que se utilizaron estructuras públicas para operar afiliaciones simuladas a Morena, obtener ilegalmente datos personales y montar una maquinaria electoral basada en el derroche: espectaculares por toda la ciudad, eventos lujosos, comidas en restaurantes de alto costo y brigadas disfrazadas de “afiliadores”. Todo bajo la sombra de un candidato que no ha podido explicar ni el origen ni el destino de sus recursos.
A esto se suma el expediente OPLE/ES/416/2025, donde se investiga a sus principales cómplices entre ellos el diputado local, Juan Tress Zilli, quienes mintieron sobre su actividad legislativa para justificar su presencia en actos de campaña del impugnado.
Con las pruebas en mano, el Organismo Público Local Electoral (OPLE), busca determinar el desvío de recursos públicos y humanos del Congreso local para operar a favor del candidato impugnado Manuel Alonso Cerezo, lo que representa un delito electoral directo y castigable.
Como si fuera poco, también se investiga a Javier Bozziere, líder sindical municipal y exaspirante a regidor, quien renunció a su candidatura apenas se supo que había sido denunciado por operar desde el ayuntamiento con recursos del erario.
La candidatura de Manuel Alonso Cerezo no sólo es ilegítima desde su origen, sino ilegal en su operación. Lo que está en juego no es sólo una presidencia municipal, es el intento de consolidar una red delictiva a través de las urnas.
La ley es contundente: cuando un candidato llega al poder violando la legalidad, su triunfo puede ser revocado y la elección anulada.
Córdoba no está obligada a tolerar el crimen electoral como si fuera parte del juego democrático.
