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El presidente López Obrador recurrió al recurso de iniciativa preferente al enviar, en el inicio del período legislativo, una reforma a la Ley de la Industria Eléctrica para incorporar los lineamientos de la nueva política energética, eliminando “privilegios” a los generadores privados de este recurso con cambios en el sistema del despacho del mismo.

De manera que se busca que, en primer lugar, a la red de distribución de energía deberá subirse aquella producida en las hidroeléctricas; en segundo lugar la generada en otras plantas de la CFE; en tercero, la energía eólica y solar de particulares y, hasta el final, la energía de ciclo combinado de empresas privadas.

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