Alejandro Aguilar
El Buen Tono
Amatlán.- Por negarse a proporcionar información sobre proveedores y las cantidades que les pagó, la Contraloría General del Estado de Veracruz, impuso una amonestación pública al ayuntamiento de Luis Arturo Figueroa Vargas.
Lo anterior, tras un trabajo periodístico que llevó a cabo El Buen en relación con el tema referido.
La resolución se emitió el pasado 27 de noviembre, en la que declaró incumplida la resolución, por lo cual procedió a “amonestar públicamente” a la extitular de Transparencia, Elizabeth Anzures Montejo, por no entregar información clave sobre montos erogados y el padrón de proveedores que tiene.
Esta sanción fue el resultado directo de una investigación periodística que expuso la opacidad sistemática del gobierno municipal.
El regaño público se decretó después de que el órgano garante declarara, en el primer punto incumplida la resolución de fecha 29 de junio de 2021.
En los considerandos, la Contraloría detalló que el sujeto obligado no había proporcionado la información ordenada, incumpliendo con la normatividad.
Además, se advirtió al actual titular, Valentín Reyes de la Cruz, que, de no atender el requerimiento en 10 días hábiles, también se haría acreedor a una amonestación pública, conforme al artículo 252 de la ley local.
Este fallo evidencia que la autoridad municipal incurrió en una infracción a la Ley de Transparencia, pero la consecuencia impuesta se limita a una amonestación pública, sin multas económicas ni otro tipo de sanciones penales o administrativas más severas.
Ladrón
Mientras la Contraloría General del Estado amonestaba públicamente al ayuntamiento de Amatlán de los Reyes por negarse a entregar información sobre sus proveedores, un análisis de los registros oficiales de obra pública reveló que la administración de Figueroa Vargas mantiene en la opacidad el destino de más de 60 millones de pesos asignados a 35 proyectos, sin que exista un reporte de avance, conclusión o cancelación
Esta falta de rendición de cuentas en la obra pública coincide con el patrón sancionado por la Contraloría, la negativa para transparentar el uso de recursos.
Mientras amonestan al ayuntamiento por ocultar información, sus registros administrativos carecen de los datos mínimos necesarios para que los ciudadanos conozcan en qué se gastan millones de pesos de fondos federales porque se carece de progreso social.
