

AGENCIA
Nacional.- En México, al cierre de 2024, se estimó que 4.1 millones de personas de 15 años o más no saben leer ni escribir, lo que representa una tasa de analfabetismo del 4.1 por ciento, cifra que se mantiene por encima de los estándares establecidos por diversos organismos internacionales. Esta condición limita de manera significativa el acceso a mejores oportunidades educativas, laborales y sociales para este sector de la población.
La problemática presenta marcadas diferencias regionales. Nueve entidades federativas superan el índice nacional del cinco por ciento, mientras que en estados como Chiapas, Guerrero y Oaxaca el analfabetismo rebasa el 10 por ciento, lo que evidencia profundas desigualdades estructurales en el acceso a la educación básica.
En el caso de Veracruz, el porcentaje de analfabetismo se ubica en 7.7 por ciento, cifra también superior a los parámetros internacionales. En términos absolutos, cerca de 476 mil personas de 15 años o más en la entidad no saben leer ni escribir, lo que coloca al estado entre los que enfrentan mayores retos en materia de rezago educativo.
A nivel nacional, se estima que 7.1 millones de personas adultas se encuentran en situación de rezago educativo, lo que equivale al 26 por ciento del total de la población en esta condición. De acuerdo con datos censales, el 34 por ciento de estas personas vive en zonas rurales, donde el acceso a servicios educativos se ve limitado por factores geográficos y de infraestructura, especialmente debido a que la atención se brinda sin contar con planteles educativos propios en dichas comunidades.
Ante este panorama, se diseñó un programa institucional orientado a atender el rezago educativo mediante el fortalecimiento de la oferta de educación básica y media superior, bajo el modelo de la Nueva Escuela Mexicana. La estrategia prioriza un enfoque humanista, incluyente, equitativo, científico y comunitario, con el objetivo de responder a las necesidades de jóvenes y personas adultas.
Las acciones planteadas buscan favorecer el acceso, la permanencia y la conclusión de trayectorias educativas, así como reducir las brechas de desigualdad. Para ello, se contempla el fortalecimiento de la cobertura educativa mediante alianzas con los sectores público, privado y social, además de mecanismos de colaboración y concertación que permitan sumar apoyos y ampliar el alcance de los servicios educativos en las 32 entidades federativas.
