Adriana Estrada
El Buen Tono
Orizaba.- En respuesta a las amenazas públicas que hizo la Presidencia de la República, la Secretaría de Gobernación y el gobierno estatal, la Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC) interpondrá una serie de amparos para blindar jurídicamente a sus miembros contra cualquier investigación o proceso legal derivado de las movilizaciones realizadas en las carreteras.
Álvaro Martínez Aguilar, director jurídico nacional del gremio, explicó que esta medida preventiva busca resguardar la integridad y los derechos de los transportistas, ante lo que perciben como una campaña de intimidación y desprestigio por parte de las autoridades.
“Las declaraciones de las autoridades no sólo buscan amedrentar, sino que crean un escenario propicio para riesgos mayores, como desapariciones forzadas o agresiones contra líderes sociales”, alertó.
El representante legal enfatizó que el movimiento no tiene demandas económicas ni particulares, sino que se centra en tres exigencias legítimas y de interés general: mejorar las condiciones de seguridad en las carreteras, la creación de una fiscalía especializada en delitos viales y el retiro de los retenes policiales, a los que acusan de ser focos de extorsión.
Respecto a la manifestación del 24 de noviembre, Martínez Aguilar aclaró que en ningún momento se realizó un bloqueo total que paralizará el flujo vehicular, por lo que rechaza que pueda ser tipificada como un delito federal, como se ha insinuado.
Además, deslindó al movimiento de cualquier interés partidista y afirmó que cuenta con el respaldo de diversos sectores de la sociedad, incluidos simpatizantes del partido en el poder, que padecen los mismos problemas de inseguridad vial.
