¡¿APENAS SE DIO CUENTA EL IMSS DE QUE LA MODALIDAD 40 SE HABÍA CONVERTIDO EN UN NEGOCIO PARA FINANCIERAS Y ASESORES?!

Por años vendieron el sueño de una pensión millonaria. Ahora que el IMSS reconoce presuntos abusos, todos quieren lavarse las manos.
¡Vaya sorpresa! Resulta que ahora el IMSS reconoce que detectó esquemas en los que financieras, gestores y supuestos asesores previsionales prestaban dinero para pagar cotizaciones de la Modalidad 40, con el propósito de conseguir pensiones mucho más elevadas. Incluso, el director del Instituto informó que se habían presentado 115 denuncias penales relacionadas con estas prácticas. ¡Y uno se pregunta: ¿dónde estaban todos los que hoy salen a dar explicaciones?!
Lo más indignante es que muchos de esos supuestos especialistas que hoy se presentan como paladines y defensores de los pensionados llevan años promocionando estrategias para conseguir pensiones elevadas. Algunos cobran honorarios, otros ofrecen créditos y otros construyen todo un negocio alrededor de la esperanza de quienes trabajaron durante décadas y quieren retirarse con dignidad.
¡No son hermanitas de la caridad! Son prestadores de servicios que deben responder por lo que ofrecen, por lo que cobran y, sobre todo, por la legalidad de sus operaciones.
Y aquí viene la pregunta incómoda: ¿cuántos de esos asesores realmente explicaban los riesgos, el costo total del financiamiento y las condiciones legales de la estrategia? ¿Cuántos mostraban cálculos completos y cuántos solamente vendían la ilusión de una pensión extraordinaria?
Porque una cosa es asesorar legalmente a un trabajador para que aproveche sus derechos y otra muy distinta es, presuntamente, simular relaciones laborales, utilizar empresas fantasma o manipular registros para obtener beneficios que no corresponden.
¡Y AHORA TODOS SE RASGAN LAS VESTIDURAS!
Ahora que el IMSS anuncia ajustes y revisiones, seguramente escucharemos a más de uno gritar que están atacando los derechos de los pensionados. Pero defender las pensiones no significa defender cualquier práctica utilizada para obtenerlas.
La Modalidad 40 está contemplada en los artículos 218 a 221 de la Ley del Seguro Social. El artículo 218 regula la continuación voluntaria en el régimen obligatorio, mientras que los artículos siguientes establecen condiciones sobre su ejercicio y terminación.
La ley reconoce derechos, no autoriza simulaciones. Pero tampoco podemos aceptar que, bajo el argumento de combatir abusos, se trate como delincuente a todo trabajador que utilizó legítimamente una modalidad prevista en la legislación.
No confundamos las cosas: obtener una pensión alta no constituye automáticamente un fraude. Haber pagado cuotas tampoco convierte en legal cualquier maniobra. Lo que importa es cómo se obtuvieron los registros, si se cumplieron los requisitos y si existieron engaños, simulaciones o conductas ilícitas.
¿Y QUÉ VA A PASAR CON LAS FINANCIERAS?
Aquí está el verdadero fondo del asunto.
Si una financiera prestó dinero legalmente, con contratos claros y sin participar en irregularidades, deberá analizarse su caso conforme a la ley. Pero si se demuestra que participó en operaciones fraudulentas, utilizó documentos falsos o intervino en simulaciones, tendrá que responder por las responsabilidades que se acrediten.
¿Y qué pasará con quienes cobraron honorarios por recomendar esas estrategias? ¿Y con quienes promovieron registros laborales ficticios? ¿Y con quienes, teniendo conocimiento de las irregularidades, participaron en ellas?
No basta con anunciar auditorías, presentar denuncias y cerrar páginas de internet. Queremos investigaciones que lleguen hasta el fondo, responsables identificados y consecuencias legales cuando existan pruebas suficientes.
También queremos saber qué controles fallaron dentro del propio IMSS. Porque si hubo registros irregulares, altas improcedentes o cotizaciones aceptadas sin verificar los requisitos, la sociedad merece conocer cómo ocurrió, quién debía supervisarlo y qué medidas se adoptarán para evitar que vuelva a suceder.
¿O resulta que toda la responsabilidad estaba del lado del trabajador y de los asesores, mientras las fallas institucionales quedan fuera de la discusión?
¡Eso también debe investigarse!
¿Y LOS TRABAJADORES QUE CREYERON EN ELLOS?
Aquí hay que hablar con claridad. No todos los trabajadores actuaron con mala fe. Muchos confiaron sus ahorros, su patrimonio e incluso las escrituras de sus casas a personas que les prometieron una jubilación mejor.
Si alguien fue engañado, merece protección y acceso a la justicia. Si conocía y participó deliberadamente en una simulación, su conducta también debe investigarse.
El Código Penal Federal contempla el fraude en su artículo 386, pero su aplicación exige acreditar los elementos del delito. Las responsabilidades de cada persona deben determinarse individualmente, no mediante condenas anticipadas en redes sociales.
Y hay algo que no debemos olvidar: los recursos del sistema de seguridad social no son dinero mágico. El artículo 2 de la Ley del Seguro Social establece las finalidades de la seguridad social y la garantía de una pensión cuando se cumplen los requisitos legales.
Por eso, si se utilizaron mecanismos ilícitos para obtener beneficios a cargo de recursos públicos, el asunto no es solamente comercial: es un problema de legalidad, supervisión y protección del patrimonio colectivo.
¡Y CON LA MODALIDAD 10 PODRÍA REPETIRSE EL MISMO DISCURSO!
Que nadie se engañe. Cada modalidad tiene sus propias reglas y finalidades. No se puede afirmar que la Modalidad 10 sea fraudulenta ni que vaya a sufrir los mismos cambios simplemente porque existen irregularidades denunciadas en la Modalidad 40.
Pero sí debemos aprender la lección: cuando aparecen supuestos asesores que prometen resultados extraordinarios, garantizan pensiones sin revisar expedientes o cobran por estrategias que no explican con transparencia, hay que encender las alarmas.
No entregues tu dinero ni tu patrimonio por una promesa. Exige contratos, cálculos verificables, explicación de los riesgos y fundamentos legales. Y recuerda que ningún asesor puede garantizarte una resolución favorable del IMSS.
MI RECOMENDACIÓN: ¡ES MOMENTO DE HABLAR Y EXIGIR CUENTAS!
A los trabajadores: revisen sus expedientes, conserven sus comprobantes y denuncien cualquier engaño.
A las financieras: expliquen sus operaciones y respondan por cualquier irregularidad que se demuestre.
A los asesores: dejen de vender sueños y demuestren con documentos que sus estrategias son legales.
Al IMSS: publiquen los resultados de las investigaciones, transparenten las fallas detectadas y distingan entre quienes ejercieron un derecho legítimo y quienes participaron en conductas ilícitas.
Y a las autoridades investigadoras: no se queden en los anuncios. Sigan el rastro del dinero, revisen los contratos y determinen las responsabilidades que correspondan.
Porque si hubo fraude, queremos saber quién lo organizó, quién se benefició, quién lo permitió y quién tendrá que responder.
Y cierro con algo que quizá incomode a muchos: en estas historias puede haber trabajadores engañados, asesores que actuaron legalmente, intermediarios abusivos y participantes conscientes de posibles irregularidades. No todos son iguales ni todos tienen la misma responsabilidad.
Pero cuando alguien busca enriquecerse aprovechándose de la necesidad de un trabajador, merece que se investigue su conducta. Y cuando alguien participa deliberadamente en un fraude, tampoco puede esconderse detrás del discurso de que está defendiendo a los pensionados.
¡La pensión es un derecho; convertir la esperanza del trabajador en un negocio mediante engaños es otra cosa!
Ahora sí, que se hagan las auditorías, que se conozcan los resultados y que la ley alcance a quien tenga que alcanzar. Sin privilegios, sin encubrimientos y sin convertir a todos los pensionados en sospechosos para tapar las fallas de otros.
Porque una
cosa es defender al pensionado y otra muy distinta es utilizarlo para hacerse rico.
Los leo sin HIPOCRECIAS.
Cp. Guillermo Santos Martinez