La Cámara de Diputados aprobó la llamada Ley Ingrid, que establece sancionar con multas y hasta 10 años de cárcel a aquellos servidores públicos que fotografíen, copien, filmen, audiograben, videograben, reproduzcan, difundan, entreguen, revelen, remitan, compartan, distribuyan, publiquen, transmitan, expongan, oferten, intercambien o comercialicen, imagen, audio, video, documento, información, indicio, evidencia u objeto alguno relacionado con una investigación penal, las condiciones personales de una víctima o las circunstancias de los hechos.
La reforma al Artículo 225 del Código Penal Federal fue aprobada por unanimidad este miércoles, después de que se propusiera la iniciativa conocida como “Ley Ingrid”, a nombre de Ingrid Escamilla, una víctima de feminicidio de quien se filtraron fotografías a medios de comunicación en febrero de 2020.
