De la redacción
El Buen Tono
ESTADOS UNIDOS.- Un creciente número de ciudadanos estadounidenses ha sido arrestado por agentes migratorios tras grabar o seguir operativos en distintas ciudades del país, en medio de la aplicación de una controvertida ley federal impulsada durante el gobierno del presidente Donald Trump.
Uno de los casos más recientes es el de Ryan Ecklund, quien fue detenido por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) mientras grababa un operativo en Minnesota. Aunque es ciudadano estadounidense, fue sacado de su automóvil, esposado y retenido durante varias horas antes de ser liberado sin cargos.
Las detenciones se basan en el Título 18 del Código de Estados Unidos, una ley federal que sanciona a quienes interfieran con agentes federales en el cumplimiento de sus funciones. Sin embargo, registros judiciales revisados por medios estadounidenses indican que muchos de estos casos han sido desestimados o reducidos, lo que ha generado cuestionamientos entre abogados y expertos legales.
Datos judiciales señalan que el uso de esta ley ha aumentado considerablemente en ciudades como Minneapolis, Chicago, Los Ángeles y Portland, donde se han registrado protestas contra operativos migratorios. En algunos distritos, las acusaciones bajo esta normativa aumentaron hasta doce veces en comparación con años anteriores.
Funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) justificaron las detenciones argumentando un incremento en amenazas y agresiones contra agentes federales, mientras que autoridades federales sostienen que interferir con operativos constituye un delito.
No obstante, expertos legales han advertido que grabar a agentes en espacios públicos no es ilegal y que varios arrestos podrían estar relacionados con actividades protegidas por la libertad de expresión.
En múltiples casos documentados en video, los agentes han advertido a ciudadanos que podrían ser arrestados por grabar o seguir operativos, aunque muchos de los detenidos han sido liberados posteriormente sin cargos. Algunos juicios incluso han terminado en absoluciones, algo considerado poco común en procesos federales.
El aumento en el uso de esta ley ha generado un debate en Estados Unidos sobre los límites de la autoridad federal y los derechos de los ciudadanos para documentar operativos oficiales en espacios públicos.
