Cosoleacaque, Ver.— Una polémica que involucra al crimen organizado, la impunidad y la reconfiguración de alianzas políticas ha estallado en el sur de Veracruz luego de que se diera a conocer el nombramiento de Miguel Ángel Vázquez Bonilla como coordinador distrital en el Distrito Federal 3, con sede en Cosoleacaque.
Vázquez Bonilla no es un operador político cualquiera. Se trata de un hombre que cuenta con una sentencia por el asesinato de su propio tío, mismo que fue aprendido por la Interpol en Argentina y posteriormente extraditado a México para cumplir su condena. Su designación fue realizada por el diputado local del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Carlos Marcelo Ruiz, personaje ampliamente señalado por su cercanía con estructuras de poder cuestionables en la región.
El nombramiento ha causado indignación no solo por el perfil del individuo, sino por la geografía electoral del distrito. En el Distrito 3, que comprende municipios como Acayucan (Morena), Cosoleacaque (PRI), Chinameca (PRI), Isla (MC), Juan Rodríguez Clara (Morena), Playa Vicente (Verde), Sayula de Alemán (PT), Soconusco (MC), San Juan Evangelista (Morena) y Santiago Sochiapa PAN, Morena obtuvo una victoria magra, ganando en muy pocos de estos territorios. Fuentes locales señalan que Vázquez Bonilla no tiene arraigo ni domicilio conocido en el distrito, lo que ha intensificado las sospechas de que su papel sería más el de un “operador” de fuerzas paralelas que el de un gestor social.
De acuerdo con investigaciones periodísticas y testimonios de habitantes de la zona, los nuevos operadores políticos buscan acercarse a la gobernadora Rocío Nahle presumiendo un falso control electoral en municipios como Playa Vicente y San Juan Evangelista. Sin embargo, los lugareños denuncian que dicho control no se ejerce mediante el trabajo de base, sino “a punta de bala”, imponiendo condiciones mediante la intimidación.
La situación se agrava al revelarse que el alcalde de Playa Vicente, quien pertenece a las mismas redes de poder, tiene expedientes abiertos en la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Mujer (FEMDO). Pese a ello, goza de total impunidad, presuntamente gracias a la protección política del senador Adán Augusto López y la asesoría legal del ex subprocurador de la zona sur, Enrique Rentería Zavaleta. A este círculo se suma un periodista del sur de Veracruz, conocido por emitir panfletos y lanzar amenazas diarias para defender a sus jefes políticos.
El análisis del comportamiento político en la región revela un patrón de conveniencia. En Juan Rodríguez Clara, donde la alcaldía es de Morena, las autoridades locales apoyaron abiertamente a Xóchitl Tress, quien sería pareja sentimental de Miguel Ángel Vázquez Bonilla. Hoy, esos mismos actores políticos respaldan a candidatos a agente municipal ligados a Movimiento Ciudadano (MC) , mostrando una flexibilidad de principios que, según analistas, responde más a intereses caciquiles que a una verdadera filiación ideológica.
Lo más oscuro de este entramado político tiene como telón de fondo un crimen que aún clama justicia. La periodista Avisack Douglas, considerada una de las mejores reporteras del estado, fue abatida en un atentado perpetrado en la casa de campaña de Xóchitl Tress. El ataque dejó huérfanas a dos menores de edad, hijas de la comunicadora.
A más de un año del crimen, la Fiscalía General del Estado (FGE) no ha podido esclarecer los hechos. Mientras que los hermanos Vázquez Bonilla han señalado a “Los Piñas”, un grupo delictivo originario del vecino estado de Oaxaca con influencia en la zona de La Pileta (Rodríguez Clara), la mayoría de los habitantes de ese municipio sostienen una versión diametralmente opuesta: que se trató de un autoatentado orquestado para simular un ataque político.
Ante este preocupante panorama, organizaciones civiles y ciudadanos han hecho un llamado urgente a la Secretaría de Gobierno estatal para que intervenga. La infiltración de liderazgos con antecedentes penales y supuestos nexos con el crimen organizado (CO) dentro de estructuras de partidos políticos representa un riesgo latente para la gobernabilidad y la seguridad en la región sur del estado.
“No es posible que mientras se presumen cercanías con la gobernadora, se esté premiando a personas con antecedentes de asesinato y con estructuras de impunidad. La ciudadanía de Cosoleacaque y los municipios aledaños merecen coordinadores que los representen, no delincuentes sentenciados”, señaló un habitante de la zona que pidió el anonimato por temor a represalias.
Mientras Morena y sus aliados buscan consolidar su presencia en el distrito, el fantasma de la impunidad y la violencia política amenaza con empañar cualquier intento de legitimidad en una de las regiones más complejas y violentas del estado de Veracruz.
