Alejandro Aguilar
El Buen Tono
Región.- Cientos de familias de Fortín y Orizaba fueron víctimas de un esquema de fraude orquestado por la asociación civil «Juventud Trabajadora Mexicana».
Lo que comenzó como una promesa de vivienda digna, con terrenos de más de 300 metros cuadrados y casas equipadas, se convirtió en una pesadilla financiera para personas de escasos recursos, con estafas que oscilan entre los 30 y 100 mil pesos por afectado.
El ilícito comenzó a operar en la zona en diciembre de 2022, bajo la fachada de una organización social.
Israel “N” y una mujer identificada como Monserrat “N” convocaban a reuniones semanales donde exigían aportaciones obligatorias.
Los pagos, justificados bajo conceptos diversos como “inscripciones”, “hologramas” y “papeleo”, eran lo importante del proyecto.
La asociación atrajo a sus víctimas prometiéndoles terrenos ubicados en puntos estratégicos de Fortín, lugares que, tras investigaciones de los afectados, resultaron tener dueños legítimos y no estar en venta.
A pesar de los constantes desmentidos, los líderes continuaron recolectando dinero y postergando la colocaciónde la primera piedra cada tres o cuatro meses, según el caso.
Amenazas.
Para mantener el control y evitar cuestionamientos, los líderes implementaron medidas de seguridad extremas en sus reuniones: prohibían estrictamente grabar audios, tomar videos o fotografiar documentos. El control era absoluto.
Para convencer a las personas de la veracidad del proyecto, realizaron eventos públicos, como la supuesta entrega de muebles o camas que, en la realidad, nunca llegaron a los beneficiarios.
Cuando las víctimas comenzaron a exigir resultados o a cuestionar el destino de su dinero, Israel «N» recurrió a la intimidación.
En la última reunión registrada, ante los reclamos, el sujeto presumió supuestas influencias en la Fiscalía para amedrentar a quienes mencionaron la posibilidad de una denuncia, además de exhibir fotografías con figuras políticas de alto nivel para dotarse de una falsa legitimidad.
Corrupción
Afectados acudieron al entonces alcalde de Fortín, Gerardo Rosales Victoria, y funcionarios de Obras Públicas y Catastro, quienes confirmaron que el plan era un fraude y que los terrenos no pertenecían a la asociación.
Pese a que los funcionarios conocían la situación y recibieron detalles precisos sobre la operación de este grupo, el ayuntamiento nunca tomó medidas, dejó a cientos de familias a su suerte.
EXPANSIÓN
La organización es antigua en estas prácticas. Se tiene conocimiento de denuncias en la Ciudad de México y una investigación formal en Puebla, en mayo de 2025 por fraude.
Lejos de detenerse, la red expandió sus operaciones hacia Huatusco y Coscomatepec.
