Veracruz, 8 de diciembre de 2025.- Con 40 votos a favor, el Congreso del Estado de Veracruz aprobó la propuesta de la gobernadora Rocío Nahle García para designar a Lizbeth Aurelia Jiménez Aguirre como titular de la Fiscalía General del Estado (FGE). Tras su aprobación, Jiménez Aguirre rindió protesta y asumió funciones de manera inmediata.
La nueva fiscal solicitó licencia por un año a su cargo de magistrada del Poder Judicial del Estado, en atención al proceso de evaluación que se prevé realizar al cumplirse el primer año de su gestión. Señaló, sin embargo, que se encuentra preparada para cumplir el periodo completo de cuatro años y desarrollar un proyecto institucional alineado con las prioridades del gobierno estatal.
Compromisos y retos inmediatos
Jiménez Aguirre subrayó que su labor estará enfocada en atender las principales demandas de justicia de la sociedad veracruzana:
- Desahogar audiencias y carpetas rezagadas, uno de los retos más urgentes debido al volumen acumulado.
- Ejecutar órdenes de aprehensión pendientes, que calificó como un tema prioritario.
- Avanzar en audiencias de juicio de personas vinculadas a proceso que aún no cuentan con sentencia.
- Impulsar salidas alternas y terminaciones anticipadas, previstas en el sistema penal acusatorio, para agilizar la resolución de casos y dar prioridad a delitos graves como homicidio y feminicidio.
Aseguró que su gestión será cercana a colectivos de víctimas, organizaciones y familiares, especialmente en temas como feminicidio y violencia vicaria, áreas en las que dijo haber trabajado de manera directa durante los últimos tres años desde el Poder Judicial.
Coordinación institucional y autonomía
Sobre su relación con el Poder Ejecutivo, aclaró que la Fiscalía mantiene su autonomía, aunque reconoció que la coordinación con los distintos órdenes de gobierno es indispensable para fortalecer el sistema de justicia.
“Investigaremos sin filias ni fobias, sin objetivos políticos. La coordinación no significa subordinación”, afirmó.
También reiteró que no habrá impunidad y que cualquier funcionario que haya incumplido la ley deberá responder ante la justicia.
Evaluación y permanencia
Respecto al esquema de evaluación anual señalado por el Congreso, la fiscal indicó que está dispuesta a ser evaluada en cualquier momento, como parte de la vigilancia ciudadana y del ejercicio público responsable.
“Mi proyecto es de cuatro años, y estoy lista para cumplirlo. Pero las evaluaciones son parte del servicio público, y estoy en la mejor disposición”, señaló.
