URUAPAN, Michoacán. — La violencia ligada al “cobro de piso” escaló este martes en Uruapan, con el ataque a balazos contra una empacadora de aguacate en la colonia Francisco J. Múgica. Este incidente se suma a otro registrado apenas 24 horas antes: el incendio intencional de una planta recicladora de plástico y papel en la colonia 12 de Diciembre. La Fiscalía General del Estado (FGE) investiga ambos hechos como presuntas represalias del crimen organizado contra propietarios de negocios que se habrían negado a pagar la extorsión.
El ataque más reciente se registró a las 19:30 horas de este martes. De acuerdo con los primeros reportes, al menos dos hombres armados llegaron a la empacadora ubicada en la calle Nigromante y abrieron fuego contra los portones de acceso de la instalación. Tras el ataque, los presuntos sicarios huyeron del lugar en una motocicleta, perdiéndose entre las calles aledañas del norte de la ciudad.
OPERATIVO DE BÚSQUEDA Y RESPUESTA DE AUTORIDADES
Inmediatamente después del reporte, agentes de la Guardia Nacional y de la Guardia Civil (Policía Estatal) desplegaron un operativo para localizar a los agresores, sin éxito hasta el momento. Mientras tanto, peritos de la Fiscalía Regional de Uruapan acordonaron el área para realizar las diligencias correspondientes.
En la escena, los especialistas procedieron a la recolección de evidencias balísticas, entre las que destacan varios casquillos percutidos. Este material será sometido a análisis de comparación en los laboratorios de la FGE, con el objetivo de cotejarlo con las balas utilizadas en otros crímenes y ataques registrados en Uruapan en los últimos días, para intentar establecer un modus operandi o vínculos con grupos específicos.
PATRÓN DE INTIMIDACIÓN: DEL INCENDIO A LOS DISPAROS
La investigación no considera este hecho como aislado. La línea de trabajo principal sugiere un patrón de intimidación y venganza contra la iniciativa privada. El ataque a la empacadora ocurre en un contexto inmediato de violencia: el lunes 22 de diciembre, sujetos desconocidos atacaron con “bombas molotov” una planta recicladora en otra colonia de Uruapan, provocando un incendio de considerables dimensiones.
Para las autoridades, el hilo conductor en ambos casos es la hipótesis de que los propietarios de ambos establecimientos se negaron a pagar el “derecho de piso”, una extorsión sistemática que el crimen organizado impone a comercios formales e informales. El mensaje sería claro: someterse al pago o enfrentar ataques contra sus patrimonios y, potencialmente, sus vidas.
PANORAMA CRIMINAL COMPLEJO Y FRAGMENTADO
La situación de inseguridad en Uruapan se agrava por la multiplicidad de grupos delictivos que operan y disputan el control de la plaza, según los mapas criminales confeccionados por la FGE y la Fiscalía General de la República (FGR).
Entre los cárteles y células identificadas con presencia activa en la región se encuentran:
- Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG)
- Los Caballeros Templarios
- Los Viagras
- Los Blancos de Troya
- Pueblos Unidos
- Cártel de Los Reyes
Esta fragmentación y disputa territorial intensifica la lucha por el control de mercados ilegales y de las rentas ilícitas, como el “cobro de piso”, lo que convierte a los empresarios y comerciantes en blancos frecuentes de la violencia.
CONTEXTO ECONÓMICO Y SOCIAL: LA ECONOMÍA LEGAL BAJO ASEDIO
Los ataques dirigidos contra una empacadora de aguacate —producto emblemático y de gran valor económico para Michoacán— y contra una planta de reciclaje, exponen la profunda vulnerabilidad del sector productivo formal en la entidad. Más allá de las pérdidas materiales, estos actos generan inseguridad, desconfianza y un clima hostil para la inversión, afectando una de las principales fuentes de empleo y desarrollo en la región, conocida como la “Tierra Caliente”.
Las autoridades enfrentan el doble reto de desarticular las redes de extorsión que asedian a los negocios y, al mismo tiempo, brindar protección efectiva y confianza a los empresarios, en un escenario donde la impunidad y la multiplicidad de actores armados complican la solución. La coordinación entre corporaciones estatales, federales y municipales será clave para revertir esta tendencia de violencia económica.
