De la redacción
El Buen Tono
La Auditoría Superior de la Federación informó que detectó irregularidades por 59 mil 345 millones de pesos en el tercer informe de auditorías a la Cuenta Pública 2024, lo que eleva a 65 mil 107 millones de pesos el monto total por aclarar correspondiente al último año de gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador.
Con este nuevo paquete de auditorías, el órgano fiscalizador acumula en el sexenio pasado un total de 417 mil 321 millones de pesos pendientes de aclaración. De acuerdo con los registros oficiales, en 2023 se observaron 51 mil 979 millones de pesos; en 2022, 110 mil 897 millones; en 2021, 61 mil 840 millones; en 2020, 60 mil millones; y en 2019, 67 mil 498 millones.
El mayor volumen de recursos por aclarar se concentra en el llamado Gasto Federalizado, es decir, los recursos públicos federales que fueron ejercidos por gobiernos estatales y municipales.
Durante la entrega del tercer y último informe de auditorías correspondiente a 2024, realizada el 17 de febrero, se precisó que de los 59 mil 345 millones de pesos observados en esta etapa, 54 mil 342 millones corresponden a presuntas irregularidades en estados y municipios.
Entre las dependencias y entidades con mayores montos pendientes destacan Petróleos Mexicanos, con 1 mil 762 millones de pesos; la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, con 1 mil 131 millones; y la Secretaría de Marina, con 211 millones.
En el ámbito estatal, el Estado de México encabeza la lista con 7 mil 68 millones de pesos en irregularidades relacionadas con gastos municipales y 6 mil 18 millones en el ejercicio del gobierno estatal. Le sigue Chiapas, con 2 mil 667 millones en municipios y 750 millones en el gasto estatal.
También figuran la Ciudad de México, con 2 mil 142 millones en observaciones en sus alcaldías, así como Chihuahua, con mil 82 millones en el gobierno estatal y 913 millones en sus municipios.
Las cifras deberán ser solventadas por las autoridades correspondientes conforme a los plazos establecidos por la ley, mientras la ASF continúa con el proceso de fiscalización y seguimiento de los recursos públicos.
