De la Redacción
El Buen Tono
Córdoba, Ver.- El incremento no autorizado del pasaje de transporte público, de 9 a 12 pesos, ha desatado un conflicto que afecta directamente a más del 40% de la población cordobesa que depende de este servicio para sus traslados diarios, según datos del INEGI.
A pesar de operativos de supervisión por parte de la Dirección de Transporte Público del Estado, las líneas concesionadas –en particular las propiedad del diputado local Juan Tres Zilli– han mantenido la tarifa elevada, en un acto que usuarios y organizaciones sociales califican de ilegal y abusivo.
De acuerdo con el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI), en Córdoba el 50% de las personas ocupadas llega a su centro laboral en transporte público, mientras que el 41.5% de la población utiliza el autobús como medio principal de movilidad. Estas cifras revelan la dimensión del impacto: el aumento representa un golpe directo a la economía familiar en una ciudad donde el 55% de la población tiene un ingreso inferior a la línea de pobreza, según el CONEVAL.
El diputado Juan Tres Zilli, presidente de la Comisión de Transporte, Tránsito y Vialidad del Congreso estatal y permisionario de la línea “8 de Marzo”, ha sido señalado como principal promotor del alza no autorizada. Desde su posición política, ha impulsado una medida que profundiza el deterioro de la calidad de vida de miles de familias para quienes el transporte no es un lujo, sino una necesidad social tan básica como la educación o la salud.
