De la redacción
El Buen Tono
CÓRDOBA.- Aunque no pisa las oficinas de la Secretaría de Bienestar, Gerardo Hernández Ortega cobra cada mes 12 mil 470 pesos de sueldo bruto, lo que representa 149 mil 640 pesos al año por un cargo que no desempeña. Su salario neto estimado es de 11 mil 460 pesos mensuales, es decir, 137 mil 520 pesos anuales que salen del erario público mientras él sigue trabajando en otros empleos.
A pesar de estar registrado como servidor de la nación en el portal de Buen Gobierno, nunca dejó su plaza como ingeniero en sistemas en el ayuntamiento de Totutla, donde laboró durante todo el año 2022 sin interrupciones. Además, sigue activo como docente en una institución educativa, acumulando sueldos de al menos tres fuentes diferentes sin que ninguna autoridad intervenga.
Lejos de ser una omisión administrativa, su caso es parte de la red de corrupción encabezada por Óscar Carmona Oropeza, delegado regional de los programas de Bienestar en Córdoba, quien no sólo lo mantiene en nómina, sino que lo utiliza como uno de sus operadores políticos y brazo represor.
Trabajadores de la misma dependencia lo han denunciado por acoso, amenazas y hostigamiento hacia el personal que se niega a seguir las órdenes del delegado.
Este caso confirma lo que ya es un secreto a voces: la estructura de Bienestar en Córdoba ha sido usada por compadrazgos, la impunidad y el uso político de los recursos públicos, donde en lugar de apoyar a la población vulnerable, se sostiene a aviadores como Hernández Ortega, que saquean el presupuesto con total descaro y complicidad.
