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Efraín Hernández
El Buen Tono

Córdoba.- El manejo de recursos públicos bajo la administración de Manuel Alonso Cerezo se encuentra en el ojo del huracán, luego de que una solicitud de acceso a la información pusiera al descubierto pagos de renta por un inmueble vinculado al entorno familiar del mandatario. El edificio, ubicado en avenida 1, en un segundo piso sin número oficial, alberga actualmente las oficinas del Instituto Municipal de la Mujer, y el Ayuntamiento deberá entregar toda la información en formato PDF, sin enlaces electrónicos, para evitar opacidad.

PREGUNTAS CLAVE
La petición es respecto a detalles precisos sobre: Monto exacto de la renta mensual que el ayuntamiento paga por el inmueble.
Copia íntegra del contrato de arrendamiento, incluyendo depósito, vigencia, condiciones y cláusulas adicionales.
Nombre completo del propietario o arrendador, ya sea persona física o moral.
Aprobación en sesión de Cabildo del cambio de sede y copia del acta oficial correspondiente.
Costo total de la rotulación, concepto del servicio, proveedor, lugar de realización y facturas o comprobantes fiscales correspondientes.
Informe detallado de actividades de los últimos 90 días en el Instituto Municipal de la Mujer: programas implementados, número de beneficiarias, tipo de servicios, resultados y presupuesto ejercido.

CONFLICTO DE INTERÉS
La falta de entrega de esta información evidencia un patrón de discrecionalidad y conflicto de interés, al pagar renta con recursos públicos por un inmueble que podría estar bajo control del círculo familiar del presidente municipal. Las mejoras al edificio y la rotulación, cuyo costo y proveedor permanecen desconocidos, generan dudas sobre la legalidad y ética en la administración de fondos municipales.

RENDICIÓN DE CUENTAS PENDIENTE
Mientras el gobierno municipal no transparenta los documentos del contrato, las facturas de rotulación y los informes de actividades, la ciudadanía queda sin conocer cómo se ejercen los recursos destinados a políticas públicas sensibles.
Este escenario profundiza las sospechas sobre el manejo irregular del erario público y deja en evidencia la necesidad urgente de supervisión y transparencia en la gestión del Instituto Municipal de la Mujer.

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