Alejandro Aguilar
El Buen Tono
Córdoba, Ver.- Dos nuevos recursos de revisión en contra del Ayuntamiento de Córdoba ya están en manos de la Contraloría Estatal. El primero surge tras acreditarse una reserva ilegal de información; el segundo avanza en su etapa de investigación. Las trabas administrativas y la negativa a transparentar el parque vehicular municipal han activado la vigilancia institucional.
El Ayuntamiento de Córdoba perdió la batalla por ocultar información pública. La Dirección General de Transparencia y Protección de Datos Personales de la Contraloría Estatal revocó su respuesta y ordenó entregar el inventario del parque vehicular municipal. Este recurso de revisión ya fue admitido y se encuentra en proceso de investigación, lo que evidencia cuestionamientos sobre la transparencia administrativa.
El expediente Ayunt2602317 dejó al descubierto el proceso seguido por la administración municipal. El 7 de enero de 2026, este medio solicitó el inventario digitalizado, evidencia fotográfica, documentos de titularidad y la regularización ambiental del parque vehicular 2026. La respuesta oficial fue una negativa acompañada de una solicitud de reserva de información sin fundamentos legales.
El órgano garante determinó que el Ayuntamiento de Córdoba no presentó prueba de daño ni sometió la presunta reserva al Comité de Transparencia, incumpliendo con lo establecido en los artículos 95 y 121 de la Ley 250 de Transparencia. La autoridad calificó los agravios del ciudadano como fundados y revocó la respuesta emitida por el municipio.
El fallo establece un plazo de 10 días hábiles para que el Ayuntamiento entregue la documentación solicitada.
Un segundo expediente, identificado como Ayunt2602276, refuerza los señalamientos sobre la falta de respuesta en materia de transparencia. Este medio presentó un recurso de revisión a través de la Plataforma Nacional de Transparencia con el folio 9546126000062.
El 27 de febrero de 2026, la autoridad garante admitió el recurso y otorgó a las partes un plazo de siete días para presentar pruebas y alegatos. En el acuerdo de admisión se estableció que, en caso de no comparecer el Ayuntamiento, podrían presumirse como ciertos los actos u omisiones reclamados.
El 30 de abril de 2026, el tribunal amplió por 20 días más el plazo para resolver el asunto, debido a la complejidad del caso y la necesidad de realizar un análisis exhaustivo por parte de la autoridad correspondiente.
