Xalapa, Ver.- Los ayuntamientos de Veracruz que se incorporen al Programa Estatal Extraordinario de Saneamiento Financiero estarán obligados a destinar exclusivamente a obra pública los recursos que se liberen tras la liquidación anticipada de la deuda derivada de la bursatilización contratada en 2008, de acuerdo con la iniciativa enviada al Congreso local por la gobernadora Rocío Nahle García. El programa contempla el apoyo a 199 municipios con el objetivo de reducir el peso financiero de este pasivo, el cual, pese a pagos acumulados superiores a los 2 mil 500 millones de pesos, aún mantiene una deuda estimada en alrededor de 2 mil 200 millones, debido a los costos financieros generados a lo largo de los años.
El diputado local del PT, Ramón Díaz Ávila, explicó que el esquema plantea una reestructuración que permitirá al Estado cubrir de manera anticipada la deuda con recursos provenientes de la recaudación, ingresos de libre disposición y participaciones del Impuesto Sobre la Renta (ISR), sin afectar programas ni dependencias estatales. A cambio, los municipios dejarán de cubrir los montos actuales de la bursatilización y aportarían aproximadamente el 20 por ciento de lo que hoy destinan al servicio de la deuda, lo que generará un margen mayor de recursos para inversión pública.
Sin embargo, el legislador advirtió que este beneficio estará condicionado a una estricta supervisión por parte de la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan), que vigilará que los recursos liberados se apliquen únicamente en infraestructura y obra pública. En caso de incumplimiento, los ayuntamientos podrían perder los beneficios del programa y regresar al esquema original de pago de la deuda, por lo que se establecerán mecanismos de control para evitar que los fondos sean desviados a gasto corriente u otros fines administrativos.
Díaz Ávila precisó que varios municipios ya han comenzado a aprobar en Cabildo su adhesión al programa, el cual será analizado y votado por el Congreso local. Señaló además que no existen observaciones legales, al tratarse de convenios voluntarios entre los ayuntamientos y el Gobierno del Estado, con el objetivo de sanear las finanzas públicas y liberar recursos para inversión social.
El legislador destacó que la intención es que los pasivos queden liquidados antes de concluir las actuales administraciones municipales e incluso se ha planteado la posibilidad de adelantar pagos para cerrar el proceso en diciembre de 2029. No obstante, aclaró que aquellos municipios que no puedan cumplir con los pagos anticipados no serán sancionados, siempre y cuando respeten las reglas del programa.
Finalmente, subrayó que el objetivo central de este esquema es reducir el costo financiero de la deuda, evitar que se extienda hasta 2036 como está previsto actualmente y permitir que los ayuntamientos cuenten con mayores recursos para obra pública en beneficio de la población.
