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De la Redacción
El Buen Tono

Córdoba, Ver.- Córdoba se posiciona entre los primeros tres municipios de Veracruz en múltiples delitos contra las mujeres y la familia durante el primer cuatrimestre de 2026, de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

La ciudad ocupa el segundo lugar estatal en violación a la intimidad sexual (11 casos entre enero y abril) y comparte el segundo sitio en hostigamiento sexual. Además, es tercera en violencia familiar (161 casos), tercera en violación simple (7 casos) y tercera en otros delitos contra la familia (16 casos).

Tan solo en enero de 2026, Córdoba ya había sido el tercer municipio con más casos de violencia familiar en Veracruz, con 36 denuncias, solo por debajo de Veracruz (121) y Xalapa (69). En el primer trimestre acumuló 134 víctimas de violencia familiar y 212 en total entre delitos familiares y sexuales.

LOS OTROS DATOS

Además, con base en datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), Córdoba acumuló 609 víctimas mujeres en todos los delitos registrados entre enero y mayo de 2026.

La posición de Córdoba en los primeros lugares de violencia familiar y delitos sexuales coincide con el tercer puesto estatal en violencia familiar y los primeros cinco en violaciones, según datos del SESNSP.

EL INSTITUTO DE LA MUJER EN DUDA

Frente a esta realidad, el Instituto Municipal de las Mujeres (IMM) ha sido señalado por omisión y abandono de casos. La Contraloría Municipal notificó el inicio de una investigación contra servidores públicos del IMM tras la queja de Monserrat N., víctima de violencia familiar, quien acusó a la titular Mónica Ponce Zamudio y a la asesora jurídica María de la Trinidad Pizarro Jiménez de no dar seguimiento a su proceso penal.

La víctima refiere que la asesora le indicó que debía recoger y entregar personalmente una notificación que legalmente correspondía a la asesoría, y que no fue notificada de una apelación previa del agresor, lo que implicó una dilación procesal. La titular del Instituto le pidió “confiar en ellas”, asegurando que no pasaba nada si no se respondía la apelación, versión que contradice el riesgo legal de que la falta de contestación pueda interpretarse como aceptación de los argumentos del imputado.

El caso de Monserrat N. no es el único. Nancy Portilla, víctima de tentativa de feminicidio ocurrido en enero de 2025, también ha manifestado su inconformidad. En su cuenta personal escribió: “Fui peticionaria del Instituto Municipal de las Mujeres desde el 2025, víctima de tentativa de feminicidio y violencia familiar. Con la nueva administración me vi en la necesidad de revocarlas de mis procesos penales ya que ahora es ineficiente y precario el profesionalismo, atención y responsabilidad de las personas que están a cargo”.

El IMM tampoco ha podido acreditar planes ni registros ante la crisis. Al responder solicitudes de información mediante los oficios 420/2026, 439/2026 y 440/2026, la titular Mónica Ponce Zamudio declaró que su oficina “no genera, no posee ni administra” documentos esenciales de coordinación con instancias estatales y federales.

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