Decisiones sin transparencia y ausencia de informes mantienen dudas sobre la compra de un inmueble y la supuesta declaratoria ambiental.
Efraín Hernández
El Buen Tono
Fortín, Ver.— La situación que hoy rodea a la Barranca de San Miguel no surgió por casualidad. Buena parte del desorden administrativo que existe en torno a ese espacio natural se gestó durante el gobierno municipal 2022–2025, encabezado por el exalcalde Gerardo Rosales Victoria, una etapa marcada por la falta de claridad y la ausencia de explicaciones públicas sobre decisiones que comprometieron patrimonio y territorio.
Durante aquel periodo, lejos de transparentar acciones relevantes, la administración municipal optó por mantener en silencio diversos movimientos administrativos. Entre ellos destaca la adquisición del inmueble donde actualmente opera la Comisión de Agua y Saneamiento de Fortín (CASF), una operación que hasta ahora permanece envuelta en interrogantes sobre su costo real, condiciones de pago y dependencia responsable de concretar la transacción.
Asimismo, la gestión municipal presumió en su momento la supuesta declaratoria de la Barranca de San Miguel como Área Natural Protegida; sin embargo, jamás se presentaron con claridad los documentos oficiales que respaldaran esa determinación. Ni acuerdos de Cabildo, ni dictámenes ambientales ni planos de delimitación fueron difundidos oportunamente a la ciudadanía.
Ante esa cadena de omisiones, una solicitud formal de acceso a la información busca obligar al Ayuntamiento de Fortín a entregar contratos, escrituras, actas oficiales y estudios técnicos que expliquen qué ocurrió realmente durante aquella administración. La exigencia apunta a esclarecer si la compra del inmueble de la CASF se realizó en ese periodo y si existe sustento legal para la declaratoria ambiental anunciada.
