De la redacción
El Buen Tono
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), informó el bloqueo de cuentas bancarias a siete personas presuntamente vinculadas con una red de fraude de tiempos compartidos relacionada con el crimen organizado. La medida se realizó en coordinación con autoridades de Estados Unidos.
De manera paralela, la Office of Foreign Assets Control (OFAC), del Departamento del Tesoro estadounidense, designó a 24 sujetos —cinco personas físicas y 19 empresas— por su presunta participación en este esquema fraudulento. Según las investigaciones, las operaciones estaban relacionadas con un complejo turístico identificado como Kovay Gardens, ubicado en la zona de Puerto Vallarta.
Como parte de las acciones en México, la UIF incorporó a siete personas adicionales —seis físicas y una moral— a la Lista de Personas Bloqueadas, al considerar que forman parte del núcleo operativo, familiar y corporativo detectado durante las indagatorias.
De acuerdo con autoridades estadounidenses, esta red criminal diversificó sus fuentes de ingresos mediante fraudes de tiempos compartidos dirigidos principalmente a ciudadanos estadounidenses, especialmente adultos mayores, quienes en muchos casos llegaron a perder los ahorros de toda su vida.
Las investigaciones señalan que los operadores obtenían datos de propietarios de tiempos compartidos presuntamente con ayuda de cómplices dentro de complejos turísticos. Posteriormente, contactaban a las víctimas por teléfono o correo electrónico haciéndose pasar por agentes inmobiliarios, abogados o representantes financieros.
El esquema consistía en solicitar pagos anticipados bajo el concepto de impuestos, cuotas o trámites necesarios para concretar supuestas ventas, rentas o inversiones. Sin embargo, el dinero prometido nunca era entregado y las víctimas eran presionadas para realizar nuevos depósitos mediante transferencias internacionales hacia cuentas en México.
Autoridades estadounidenses indicaron que, en algunos casos, tras el fraude inicial los responsables volvían a contactar a las víctimas haciéndose pasar por despachos legales o funcionarios, ofreciendo recuperar los fondos a cambio de nuevos pagos, lo que incrementaba las pérdidas económicas.
Las acciones conjuntas entre México y Estados Unidos buscan debilitar las estructuras financieras utilizadas por el crimen organizado para sostener este tipo de operaciones ilícitas.
