AGENCIA
Zongolica, Ver.- Alrededor de 40 familias, integradas por más de 200 personas, enfrentan dificultades para trasladarse en la comunidad de Tepetitlanapan, luego de que hace dos años un abogado cerrara con un portón el acceso vehicular que utilizaban. La situación se agravó recientemente por el inicio de una obra de pavimentación que dificulta el paso hacia tres planteles educativos, incluido el Instituto Tecnológico Superior de Zongolica (ITSZ).
Entre los afectados se encuentran estudiantes, trabajadores, adultos mayores y personas con discapacidad, así como integrantes de las comunidades escolares del jardín de niños Yolotlkonetl, la primaria estatal Francisco I. Madero y el ITSZ.
De acuerdo con los habitantes, el conflicto comenzó en 2024, cuando el abogado Martín Castillo Hernández adquirió una propiedad a orilla de carretera y colocó un portón para restringir el paso. Aunque argumentó motivos de seguridad, los vecinos señalaron que no recibieron llaves, por lo que quedaron impedidos para circular con vehículos y tuvieron que caminar hasta la carretera principal.
Los afectados indicaron que existe un juicio por el derecho de servidumbre que continúa sin resolverse. Mientras tanto, utilizaban de manera provisional un paso por el que podían transitar con vehículos; sin embargo, los trabajos de pavimentación en la salida de esa vía han complicado nuevamente la movilidad y el traslado de los estudiantes.
La situación también representa un riesgo para la atención de emergencias, pues, según los habitantes, las ambulancias y otras unidades de auxilio tienen dificultades para ingresar a la zona. Además, señalaron que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) no ha podido realizar la lectura de los medidores, lo que podría derivar en problemas con el suministro eléctrico.
Padres de familia y alumnos hicieron un llamado a la directora del ITSZ, Lidia Irma Mezhua Campos, para que intervenga y gestione soluciones ante las autoridades municipales, al considerar que el problema también compromete la seguridad y el traslado de la comunidad estudiantil.
Los habitantes reclamaron la falta de respuesta de las autoridades municipales, educativas y de procuración de justicia, pues aseguran que, pese al tiempo transcurrido, no se ha garantizado un acceso adecuado para las familias ni para los servicios de emergencia.
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