Agencias
Guanajuato.— Integrantes de colectivos de búsqueda denunciaron la existencia de fosas clandestinas y casas de seguridad en la comunidad de Loma de Flores, en el municipio de Salamanca, la misma zona donde este domingo se registró una masacre que dejó 11 personas muertas y 12 más lesionadas durante un ataque armado directo.
De acuerdo con Norma Patricia Barrón, integrante del colectivo “Una Luz en Mi Camino”, en el área han sido localizadas al menos cinco casas de seguridad, en cuyo interior se habrían encontrado más de 25 cuerpos en fosas clandestinas, producto de trabajos de búsqueda realizados por las propias familias de personas desaparecidas.
“Nosotros hemos encontrado alrededor de cinco casas de seguridad que sumaron más de 25 víctimas de desaparición. En la investigación pudimos establecer quiénes eran, identificarlas y entregarlas a sus familiares”, detalló la activista.
Barrón, quien busca desde 2024 a su hijo Kevin y a su esposo Juan, señaló que el último registro de localización de sus teléfonos celulares se ubicó precisamente en la comunidad donde ocurrió la masacre, lo que refuerza sus sospechas sobre la operación de grupos criminales en la zona.
La madre buscadora relató que el campo de fútbol donde se perpetró el ataque armado había sido utilizado previamente como un espacio comunitario para alejar a niños y adolescentes de las drogas, mediante actividades deportivas impulsadas por colectivos y familias.
“Ya no sabemos dónde encontrar la paz, queremos que esto pase. Como buscadoras hemos impulsado el deporte, el fútbol; hace dos semanas participamos en un encuentro por mi hijo Kevin, a quien le gustaba el fútbol. Él fue secuestrado junto con mi esposo Juan y hasta la fecha no los he encontrado”, expresó.
La activista explicó que acudió al campo donde ocurrió la masacre luego de que uno de sus ahijados fuera rescatado en ese lugar, y porque también se encontraba ahí otro de sus hijos, lo que incrementó su preocupación por la seguridad de la comunidad.
Las denuncias del colectivo se suman a la creciente preocupación por la presencia de estructuras criminales en la región y la normalización de la violencia, en una zona donde la ciudadanía y las familias buscadoras exigen acciones reales del Estado para frenar la desaparición de personas, la operación de fosas clandestinas y los ataques armados que continúan cobrando vidas.
