Sandra González
El Buen Tono
ORIZABA.- Vecinos de la unidad habitacional Francisco Gabilondo Soler “Cri Cri”, denunciaron anomalías del ayuntamiento en complicidad con la desaparecida Constructora del Pilar, para apropiarse del área verde.
De manera inexplicable, personal y vehículos oficiales del ayuntamiento han intervenido en el lugar, realizando mediciones, y este miércoles 3, retirando luminarias y actuando como si se tratara de un predio privado, cuando existen graves inconsistencias legales sobre la propiedad del terreno.
Una de las principales contradicciones señaladas por los vecinos es que, inicialmente, en el ayuntamiento se les presentó a Darío y Norberto Ponce como los nuevos propietarios del predio; sin embargo, posteriormente las autoridades dijeron que eran los representantes de la Constructora del Pilar, empresa que, además, ya no existe legalmente.
“O son propietarios o son representantes. No pueden ser ambas cosas. Eso es una anomalía gravísima y lo están usando para confundirnos”, dicen.
Cuando el comité vecinal solicitó claridad, únicamente se les mostró “de lejitos” un “contrato” de compra-venta entre la Constructora del Pilar y estos individuos. Sin derecho a copia, sin revisión detallada y sin transparencia. Ante las dudas, la respuesta institucional fue tajante: “váyanse a la Fiscalía”.
La situación escaló cuando dos camionetas de Alumbrado Público arribaron para retirar las luminarias del área verde, bajo el argumento de que el “nuevo propietario” había solicitado la remoción. Esto no fue permitido por los habitantes porque dejaría a la zona a oscuras, vulnerando la seguridad de más de 60 familias.
Al solicitar presencia policiaca, los elementos llegaron con actitud intimidatoria y mostraron un documento que decían es avalado por un “juez” dando el nombre de Omar Falcón; sin embargo, esta persona no tiene ese cargo porque es el titular de la Notaría Pública Número 12, incurriendo en otra contradicción más, y dejando más dudas sobre la integridad de esta persona.
Lejos de mediar, los policías se comportaron amenazantes, asegurando que harían uso de la fuerza pública si los vecinos se oponían al retiro de las luminarias o al uso del predio por parte de un tercero.
“Se supone que están para protegernos, pero llegaron a amedrentarnos. Nos amenazaron con enviarnos a un juez cívico y usar la fuerza pública. Eso es abuso de autoridad”, denunciaron.
Posteriormente, se les intentó imponer que sólo dos personas (de más de 60 familias afectadas) acudieran a dialogar con el “propietario”, en un claro intento por fragmentar la defensa colectiva.
Vecinos recalcan que en sus escrituras están establecidas las áreas comunes, incluyendo el parque y vialidades internas, además, cada departamento cuenta con un cajón de estacionamiento en esa zona.
Lo más contradictorio es que el ayuntamiento dio mantenimiento y embelleció el parque a petición de los vecinos. Hoy, bajo el argumento de que “el terreno ya no es suyo”, se desentienden y facilitan su toma por particulares.
Denuncian que, al intentar revisar el historial del predio en el ayuntamiento, en una segunda visita, les fue negado el acceso al libro donde consta la operación. “No nos dejaron verlo”.
Otro dato que levanta sospechas es la velocidad con la que se ejecutó la compra-venta: en apenas cuatro meses, de marzo a julio, se habría concretado una operación que normalmente tarda años en tramitarse legalmente.
“¿Dónde se ve algo así de rápido? Esto no es normal. Es tráfico de influencias y corrupción. Hay dinero y poder metidos”.
Familias están en alerta y con miedo por su integridad, tras haber sido amenazadas por policías. “Tenemos miedo, no vamos a permitir el despojo. Ese parque es nuestro, lo hemos cuidado durante décadas”, insisten.
