ALEJANDRO AGUILAR
EL BUEN TONO
Córdoba.- En una decisión que generó fuertes cuestionamientos, el Cabildo de Córdoba aprobó por mayoría oficialista destinar 3,280,000 pesos a la contratación de un servicio externo de asesoría e integración administrativa para el proceso de entrega-recepción. Esto ocurre mientras la administración de Juan Martínez Flores mantiene un subejercicio de 194 millones 262 mil 848 pesos, recursos que no fueron aplicados a las necesidades municipales durante el ejercicio corriente.
La contratación del despacho externo fue criticada porque el proceso de entrega-recepción es una obligación legal que históricamente realizan las propias áreas municipales, sin necesidad de recurrir a costos adicionales.
El Ayuntamiento aprobó ocultar los anexos del contrato, donde se encuentran los nombres de los despachos involucrados, lo que impide conocer detalles clave de la adjudicación. Se sabe que uno de estos despachos está vinculado con Vania López González, lo que sugiere que este contrato se suma a negocios realizados a costa del dinero de los cordobeses.
Durante la sesión, se señaló que municipios vecinos no asignan presupuestos extraordinarios para esta tarea, pues la cubren con su propio personal.
Aun cuando la administración no logró ejercer casi 200 millones de pesos destinados a obra pública y servicios, avanzó con rapidez en la aprobación de estos 3.28 millones para un servicio que, de acuerdo con regidores de oposición, debió resolverse internamente.
Este nuevo gasto se suma a otras contrataciones externas consideradas onerosas. Este año, la Tesorería Municipal pagó 1 millón 835 mil pesos por asesoría legal especializada del abogado Argel Humberto Aguirre García, mediante el contrato AD/06/FISCALES/2024, firmado el 31 de enero. El acuerdo incluyó un anticipo del 50% equivalente a 917,500 pesos, además de diez mensualidades de 91,750 pesos hasta diciembre de 2024.
La misma tendencia se observa en la paramunicipal Hidrosistema de Córdoba, que también destinó 2.3 millones de pesos a una consultoría para un proceso similar. Con ello, se consolida un patrón de dependencia de despachos externos para funciones que, según especialistas y ediles críticos, deberían resolverse con la estructura gubernamental existente.
