De la redacción
El Buen Tono

La detección de empresas fantasma en México disminuyó 97.3% entre 2018 y 2023, durante el periodo en que Rosalinda López Hernández estuvo al frente de la jefatura de Auditoría Fiscal del Servicio de Administración Tributaria (SAT), de acuerdo con datos públicos del organismo difundidos por el colectivo Defensorxs.

Mientras que en 2018, último año del gobierno de Enrique Peña Nieto, se boletinaron más de 3 mil empresas irregulares, para 2023 la cifra cayó a solo 81 compañías. La reducción ocurrió durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, quien asumió la Presidencia en diciembre de 2018.

Tras la salida de López Hernández del SAT, en febrero de 2024, el número de empresas boletinadas volvió a aumentar. Entre marzo y diciembre de ese año se registraron 194 compañías, mientras que durante 2025 la cifra llegó a 332, según los datos difundidos.

Los boletines fiscales permiten al SAT identificar a contribuyentes que presuntamente emiten comprobantes fiscales por operaciones inexistentes. Estas empresas pueden ser utilizadas para simular transacciones, desviar recursos públicos o facilitar operaciones de lavado de dinero.

Rosalinda López Hernández, hermana de Adán Augusto López Hernández, quien fue secretario de Gobernación durante el gobierno de López Obrador, dejó el organismo fiscal para contender por un escaño en el Senado por Tabasco. Ganó la elección, pero falleció antes de asumir el cargo.

Investigación documentó contratos por 478 millones de pesos

Durante los últimos años, investigaciones periodísticas también documentaron contratos públicos millonarios otorgados a empresas presuntamente relacionadas con el entorno familiar y político de López Hernández.

Un reportaje de Latinus, elaborado por la periodista Diana Ibarra, señaló que compañías vinculadas con la familia de Ernesto Carballo Zurita recibieron al menos 100 contratos del gobierno de Chiapas, por un monto aproximado de 478 millones de pesos.

La investigación también identificó operaciones en Tabasco entre 2020 y 2022, durante las administraciones de Adán Augusto López y Carlos Manuel Merino.

Según el reportaje, integrantes de la familia Carballo Zurita recibieron alrededor de 44 millones de pesos mediante asignaciones presupuestales del gobierno estatal y de los ayuntamientos de Balancán y Tenosique.

Entre las empresas señaladas se encuentra MK del Sureste, propiedad de Marivel Carballo Zurita y su hija Marisa Juárez. De acuerdo con la investigación, la compañía obtuvo 13 contratos por aproximadamente 32 millones de pesos durante ese periodo.

El reportaje también documentó contratos otorgados a Fátima Gutiérrez Ovando, esposa de Ernesto Carballo Zurita, entre ellos uno por cinco millones de pesos concedido por la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento de Tabasco. La investigación indicó que Gutiérrez Ovando trabajaba en el sector público de salud desde 1995.

Asimismo, el medio señaló que algunas direcciones fiscales registradas por las compañías beneficiadas correspondían a viviendas o departamentos particulares donde, según las verificaciones periodísticas, no se encontraron oficinas en funcionamiento ni señales visibles de actividad comercial.

Denuncias y señalamientos sin consecuencias reportadas

El caso también estuvo rodeado de señalamientos sobre presuntas relaciones entre redes empresariales, funcionarios y el crimen organizado.

En 2023, la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) habría presionado al gobierno mexicano para congelar cuentas bancarias de cerca de 2 mil empresas presuntamente vinculadas con el Cártel Jalisco Nueva Generación. En la información difundida también se mencionaron compañías que supuestamente habrían sido utilizadas por La Barredora.

En julio de 2025, el exgobernador interino de Chiapas, Willy Ochoa, acusó a Rutilio Escandón, esposo de Rosalinda López Hernández y exgobernador de esa entidad, de haber permitido la expansión de La Barredora hacia el estado.

En marzo de 2024 se presentó una denuncia por presunto encubrimiento ante la entonces Secretaría de la Función Pública. De acuerdo con la información disponible en el material citado, el expediente fue cerrado sin consecuencias legales o administrativas.

Las cifras del SAT y los contratos documentados por las investigaciones periodísticas mantienen bajo escrutinio la fiscalización de recursos públicos durante ese periodo. Sin embargo, la disminución de los boletines fiscales no demuestra por sí sola que haya existido una orden para frenar las investigaciones ni establece responsabilidades penales de las personas mencionadas.