Madrid.- Es la llamada Operación Púnica, ordenada por un juez de la Audiencia Nacional y ejecutada por agentes de la Guardia Civil detuvieron a media docena de alcaldes de la región de Madrid y un ex vicepresidente de esta comunidad, así como el presidente de la Diputación Provincial de León (norte) y cargos públicos menores de otras instituciones.
Entre los alcaldes detenidos figuran los populares José Carlos Boza, de Valdemoro (71 mil 500 habitantes) y Agustín Juárez, de Collado Villalba (62 mil 600 habitantes), así como el socialista José María Fraile, de Parla (125 mil 600 habitantes).
Según la Fiscalía Anticorrupción, la trama estaba infiltrada en varios ayuntamientos y autonomías y obtenía contratos públicos en acuerdo con ediles municipales y funcionarios, empresarios de la construcción y empresas de servicios de energía.
La contrapartida a esos contratos era el pago de comisiones ilegales, a costa de las cuentas municipales y regionales.
Los beneficios eran blanqueados a través de un entramado societario con ayuda de empresas que a su vez también servían para conseguir los servicios y los contratos, contraviniendo la libre competencia. La operación empezó en enero, después de que la Audiencia Nacional accediera a una comisión rogatoria de las autoridades suizas por sospechas graves de blanqueo.
El gobernante PP y el principal partido de la oposición, el socialista, reaccionaron con la medida de suspender de militancia a sus correligionarios detenidos.
PROBLEMA NACIONAL
La respuesta pretende hacer frente al creciente descontento que la corrupción genera entre los españolas.
El sondeo mensual del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) reflejó en su última edición, el pasado 7 de octubre, que la corrupción es el segundo mayor problema que ven los españoles, sólo por detrás del desempleo.
Y es que los españoles han asistido en los últimos años a numerosos casos de corrupción en ayuntamientos y regiones, vinculados generalmente al otorgamiento de licencias y adjudicaciones en obras y servicios.
Los tribunales se ocupan desde hace tiempo de investigar y de depurar responsabilidad, que afectan a los dos grandes partidos (PP y PSOE), pero también a sindicatos y empresarios.
Tomado de Excelsior
