AGENCIA
Nacional.- A cuatro meses y medio de haber iniciado funciones, los nueve ministros de la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) no han destacado por sus resoluciones, pero sí por una serie de gastos que han generado cuestionamientos públicos, al acumular más de 23.1 millones de pesos en camionetas blindadas, togas y una ceremonia indígena de toma de protesta.
Mientras el pleno de la Corte permanece dividido por la discusión sobre si deben revisarse sentencias emitidas por las extintas Primera y Segunda Salas, los reflectores se han centrado en el uso de recursos públicos, en contraste con el discurso de austeridad que acompañó la reforma judicial y la llegada de los nuevos ministros.
Especialistas consultados advierten que la falta de transparencia y congruencia ha abonado a la percepción negativa. Eduardo Bohórquez, director de Transparencia Mexicana, señaló que el problema no es únicamente el gasto, sino el mensaje que se envía a la ciudadanía.
“Da la impresión de que lo que se buscaba no era cambiar de prácticas, sino cambiar de manos. Para legitimar la reforma y el trabajo de los nuevos jueces se necesita mucho más que cambiar el diseño de la toga”, afirmó.
En días recientes se dio a conocer que los ministros recibieron nueve camionetas blindadas con un costo individual de 2.4 millones de pesos, lo que representa un gasto total de 21.6 millones. Tras la polémica, el ministro presidente, Hugo Aguilar Ortiz, aseguró que los vehículos no serán utilizados y que la seguridad no debe confundirse con lujo.
A ello se suma el gasto de la ceremonia prehispánica con la que rindieron protesta el 1 de septiembre de 2025 en el Zócalo capitalino. De acuerdo con información obtenida vía transparencia, el evento costó un millón 254 mil pesos, destinados a renta de baños portátiles, equipo de audio, papelería, servicios de catering y montaje de templete.
También se reveló la compra de 12 togas para los seis nuevos ministros, adquiridas mediante adjudicación directa en julio pasado, antes de que asumieran el cargo. El monto total fue de casi 300 mil pesos, distribuidos en dos contratos otorgados a la empresa Artphoto Togas.
Para analistas, el malestar social no se explica únicamente por el gasto, sino por la incongruencia entre el discurso y los hechos. Marco Fernández, investigador del Tec de Monterrey y de México Evalúa, señaló que la molestia ciudadana surge de la contradicción entre la promesa de combatir privilegios y las decisiones adoptadas.
“La inconformidad tiene que ver con la falta de congruencia y con que sólo dan explicaciones cuando los exhiben. La transparencia debería ser preventiva, no reactiva”, apuntó.
Los especialistas coincidieron en que, tras una reforma judicial que prometía combatir abusos y privilegios, la nueva Corte aún está a tiempo de corregir el rumbo. Sin embargo, advirtieron que la legitimidad del Poder Judicial dependerá de que exista coherencia entre el discurso de austeridad y el manejo real de los recursos públicos.
Hasta ahora, la SCJN no ha informado de manera detallada si revisará sus procesos de adquisición ni si habrá cambios en los criterios de gasto, mientras el debate público sobre el uso del presupuesto continúa creciendo.
¡La austeridad franciscana en todo su esplendor. Y el exhibicionismo también! Los que eran diferentes están en la mira de todos los ciudadanos, aparte que no tienen las cartas de presentación se creen los dueños del poder y del dinero de los ciudadanos.
El presidente de la corte no quería usar la toga, ¡pero qué tal las camionetas de lujo y blindadas Pregonan la austeridad y resulta que les aumentaron el presupuesto, ¿entonces en dónde está el ahorro y la austeridad?
