AGENCIA
Frontera México-Guatemala.- A casi nueve años de haber sido desplazados por la fuerza, más de cien familias campesinas de la comunidad de Laguna Larga, en Guatemala, continúan viviendo en condiciones precarias en la franja fronteriza con México, sin que hasta ahora exista una fecha concreta para su retorno.
El 2 de junio de 2017, habitantes de esta comunidad -integrada por pueblos maya q’eqchi’, chuj y población mestiza- abandonaron sus hogares ante el temor de un desalojo violento por parte del Ejército guatemalteco. Horas después, los militares ingresaron al lugar, incendiaron viviendas, destruyeron parte de la iglesia y acabaron con animales de corral.
El desalojo fue ordenado durante el gobierno de Jimmy Morales, bajo el argumento de que la comunidad se encontraba dentro de la Reserva de la Biósfera Maya, un área natural protegida.
Desde entonces, las familias sobreviven en un campamento improvisado cerca del estado de Campeche, donde construyeron viviendas con materiales precarios, sin acceso a servicios básicos como electricidad, agua potable, atención médica o educación completa.
Testimonios de los habitantes dan cuenta de la violencia del desalojo. “Cuando regresamos, ya habían quemado todo; mataron a los animales y se llevaron lo poco que había”, relató uno de los afectados, al recordar la noche que marcó el inicio de su desplazamiento.
Retorno sin garantías
Aunque en 2026 se aprobó el retorno de la comunidad a sus tierras, éste aún no se ha concretado. Las familias permanecen en una especie de limbo territorial, sin que autoridades de Guatemala o México asuman plenamente la atención integral que requieren.
La situación contrasta con los discursos oficiales en torno a la protección ambiental. En agosto de 2025, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, junto con los mandatarios de Guatemala y Belice, firmaron un acuerdo para la creación del Corredor Biocultural de la Gran Selva Maya, un proyecto que busca preservar millones de hectáreas de selva en la región.
Sin embargo, organizaciones y especialistas señalan que este tipo de iniciativas han sido utilizadas en algunos casos para justificar desalojos de comunidades que históricamente habitaban estas zonas.
Conflicto de fondo
El origen del problema se remonta a la creación de la Reserva de la Biósfera Maya en la década de 1990, así como a la implementación de políticas de conservación que no contemplaron la presencia de comunidades asentadas desde años atrás.
De acuerdo con defensores de derechos humanos, al menos 53 comunidades habitaban estas áreas cuando comenzaron los desalojos promovidos por el Estado guatemalteco.
A pesar de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos emitió medidas cautelares en 2017 para proteger a la población desplazada, éstas no han sido cumplidas en su totalidad.
Crisis humanitaria prolongada
El desplazamiento ha dejado secuelas profundas. Según registros comunitarios, al menos 19 personas han fallecido a causa de las condiciones adversas, incluyendo abortos y muertes relacionadas con el impacto emocional y físico del desarraigo.
Las familias enfrentan además problemas de acceso a agua potable -la disponible está contaminada-, limitaciones educativas y falta de atención médica adecuada.
Pese a ello, continúan resistiendo con actividades agrícolas básicas y el apoyo ocasional de organizaciones civiles.
Mientras tanto, el retorno sigue siendo una promesa sin cumplir. La comunidad de Laguna Larga permanece en espera de una solución que garantice condiciones dignas, en medio de una crisis humanitaria que ha sido ignorada durante casi una década por ambos gobiernos.
