Tinta Ácida
El Buen Tono
Desde que se anunció la cancelación del proyecto —el 28 de octubre—, el tema continúa generando preocupación entre sectores transportistas, empresariales y todos aquellos directamente afectados por la saturación y el deterioro de la autopista 150D. La cancelación de la megaobra de 5 mil millones de pesos prevista para modernizar los tramos Córdoba–Orizaba–Ciudad Mendoza confirma un problema estructural: el Gobierno Federal no cuenta con una estrategia preventiva para emergencias ni con una política clara que garantice continuidad en proyectos prioritarios. El anuncio formal emitido por BANOBRAS mediante la circular 04 del 6 de noviembre frenó la ampliación de la vía más transitada entre el puerto de Veracruz y la Ciudad de México, afectando de manera directa a transportistas, comerciantes y a la economía de las Altas Montañas.
El argumento oficial se centra en redirigir el presupuesto a los casi cuarenta municipios devastados por las inundaciones del 9 y 10 de octubre en el norte del estado. Sin embargo, esta reasignación revela un vacío serio: no existe un fondo de contingencias eficaz que permita atender emergencias sin desmantelar inversiones clave. Tras la desaparición del FONDEN en el sexenio pasado, el Gobierno Federal no ha presentado un mecanismo transparente, ágil y libre de corrupción que garantice recursos para desastres sin paralizar obras estratégicas.
El libramiento Córdoba–Orizaba–Ciudad Mendoza contemplaba ampliar la autopista hasta ocho carriles en algunos tramos y rehabilitar infraestructura crítica como el puente de Metlac, vital para el transporte nacional. Cancelarlo significa rezagar uno de los corredores industriales y logísticos más importantes del país, donde mensualmente circulan cientos de miles de vehículos de carga que conectan al puerto de Veracruz con Puebla y la capital. La falta de mantenimiento y modernización profundiza el deterioro de una ruta indispensable para la economía regional y federal.
Mientras el Gobierno Federal justifica la cancelación por “fuerza mayor”, el sector transportista enfrenta otra emergencia: la inseguridad. AMOTAC reporta pérdidas diarias de 15 millones de pesos por robos en carreteras del país, lo que se traduce en 7 mil millones de pesos al año. Además, se han contabilizado al menos 20 casos de secuestro de conductores, un indicador que exhibe la vulnerabilidad de los tramos federales y la insuficiencia de estrategias de protección y vigilancia.
La combinación de infraestructura abandonada, cancelación de obras urgentes, inseguridad creciente y ausencia de un plan nacional para emergencias refleja un Gobierno Federal sin rumbo en materia carretera.
