Agencias
México.- La conclusión del programa federal de regularización de autos de procedencia extranjera dejó alrededor de dos millones de vehículos sin certeza jurídica en el país, luego de que el decreto impulsado en el sexenio anterior finalizara el 31 de diciembre de 2025 y no continuara de forma automática en la actual administración.
De acuerdo con organizaciones como la Unión Campesina Democrática (UCD), la interrupción del programa no solo frenó los trámites pendientes, sino que también provocó la aparición de un mercado de intermediarios o “coyotes”, quienes cobran hasta 20 mil pesos por gestiones que originalmente eran de bajo costo o gratuitas.
La situación ha generado incertidumbre entre propietarios, ya que muchos vehículos quedaron en proceso o sin iniciar su regularización, lo que derivó en problemas de falta de certeza legal, dificultades para vender o asegurar unidades y riesgo de sanciones o decomisos.
Autoridades estatales han informado que algunos casos aún pueden avanzar si cumplen con los requisitos establecidos, aunque otros han quedado detenidos o incluso abandonados por los propios propietarios debido a la complejidad del proceso.
Ante este panorama, organizaciones sociales han planteado la necesidad de un nuevo padrón nacional y un eventual decreto federal, que permita retomar la regularización con reglas más claras, transparentes y controles que eviten actos de corrupción en el proceso.
