AGENCIA
Internacional.- Nicolás Maduro llegó al cuartel general de la DEA en Nueva York esposado y escoltado por agentes federales, donde pronunció como primera frase “buenas noches, Feliz Año Nuevo”. De acuerdo con fuentes estadounidenses, el traslado del mandatario venezolano no fue resultado de una captura forzada, sino de una entrega negociada tras dos años de conversaciones secretas entre Washington y actores clave del régimen chavista.
La revelación contradice la versión sostenida por el expresidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, quien reapareció públicamente para calificar el hecho como un “secuestro” y denunciar un “atentado contra la soberanía de Venezuela”. Dichas declaraciones, según versiones periodísticas, no habrían sido consultadas con la presidenta Claudia Sheinbaum y generaron incomodidad en Palacio Nacional, además de un nuevo foco de tensión dentro de Morena.
La operación estadounidense se ejecutó tras semanas de alerta en Venezuela y se caracterizó por un número limitado de bajas. Posteriormente, el secretario de Estado, Marco Rubio, confirmó que Estados Unidos mantenía comunicación directa con la vicepresidenta Delcy Rodríguez, quien asumió la presidencia de manera interina luego de que las Fuerzas Armadas venezolanas le otorgaran su respaldo institucional.
Durante el proceso no se registraron ataques contra ciudadanos estadounidenses ni contra instalaciones estratégicas como las de Chevron. Tampoco se solicitó una reunión urgente del Consejo de Seguridad de la ONU, y las reacciones de Rusia, China, Irán y Cuba fueron moderadas, lo que evidenció una aceptación de facto del nuevo escenario político.
La negociación habría sido conducida por Jorge Rodríguez, figura central del chavismo histórico y hermano de la presidenta interina. De acuerdo con fuentes cercanas al proceso, el acuerdo representó un reacomodo interno entre la vieja élite chavista y el grupo encabezado por Diosdado Cabello, señalado como uno de los artífices del Cártel de los Soles. Maduro aceptó la entrega bajo la condición de que su esposa, Cilia Flores, también saliera del país, ambos acusados de narcotráfico en Estados Unidos.
El punto de quiebre habría sido la información aportada por Ismael “El Mayo” Zambada y miembros del Cártel de Sinaloa, que fortaleció las acusaciones del Departamento de Justicia y permitió catalogar al Cártel de los Soles como organización terrorista, señalando a Maduro y su círculo cercano como líderes de dicha estructura criminal.
En este contexto, la postura de López Obrador ha sido interpretada como la continuación de una relación política sostenida y deliberada con el régimen venezolano, justificada bajo el principio de no intervención. Durante su sexenio, el gobierno mexicano evitó condenas internacionales, desconoció a la oposición venezolana y promovió diálogos que, según críticos, fortalecieron al régimen de Maduro sin avances democráticos.
Analistas advierten que la acción estadounidense no responde a razones ideológicas ni a un ataque contra la izquierda regional, sino a una estrategia de seguridad nacional vinculada al combate al narcotráfico. El alcance político y judicial del caso podría ampliarse conforme avance el proceso en la corte federal de Brooklyn, donde se definirá hasta dónde llegan las implicaciones del testimonio de Maduro y sus vínculos internacionales.
